El lunes 9 de junio, Darío Reynoso, juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, dio a conocer un fallo de 15 páginas en el que le ordenó al Gobierno de Mauricio Macri que brinde en un plazo de 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de videovigilancia privadas incorporadas a la red pública”. Además, le exigió reestablecer el mapa de cámaras públicas de la Capital Federal por ser una “publicidad calificada que, por su vital importancia, no solo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.
La sentencia judicial se convirtió en un disparador que no solamente puso al descubierto la falta de información al respecto, sino que también abrió un interrogante sobre el negocio que muchas veces se esconde detrás de la instalación de estas cámaras. A esto se suman sospechas, en muchos casos, sobre su incorrecta utilización.
Pero toda historia tiene un origen. Las cámaras de seguridad se comenzaron a instalar en la Ciudad en 2009. Entre agosto de ese año y julio de 2010 se realizaron cinco contrataciones directas a la empresa Codesur y se informó a la población que se comenzarían instalando 300 cámaras, para luego ir aumentando la cantidad.
Luego, en enero de 2010, se empezó a trabajar en una licitación para un nuevo contrato. Dos empresas picaron en punta: Global View y Cablevisión. Cuando se realizó la evaluación económica, pese a que la oferta de Cablevisión era más barata, “detalles técnicos” la dejaron afuera y de esa manera Global View –empresa en la que uno de sus propietarios también tenía acciones en Codesur– terminó adjudicándose el pliego.
Semanas atrás, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, le manifestó a Noticias Urbanas, al referirse a la licitación, que “el Gobierno porteño compró 2.000 cámaras por un valor de 250 millones de pesos, o sea que por cada una se pagaron 125 mil pesos, lo que es una barbaridad, teniendo como referencia los precios del mercado especializado en esa tecnología”.
Con esta información inicial y luego de que tampoco pudiera acceder a los datos sobre la ubicación de las cámaras, Pérez Esquivel presentó un amparo ante la Justicia, que desembocó en la sentencia del juez Reynoso. “El Gobierno tenía un sitio web desactualizado e impreciso con la ubicación de sus cámaras. Por eso realicé un pedido de acceso a información sobre la base de la Ley 104. La respuesta que recibí es que el registro de cámaras tenía carácter confidencial. A los pocos días, directamente dieron de baja el sitio web. Antes de hacer el amparo consulté a la Defensoría del Pueblo porteña y me respondió con un dictamen favorable aclarando que tampoco a ellos, ni a la Auditoría General de la Ciudad, les habían entregado esa información. Fue ahí cuando realicé la acción de amparo”, le relató Pérez Esquivel a Noticias Urbanas al ser consultado sobre el origen del expediente judicial.
Pero no solo el sociólogo quería saber dónde estaban las cámaras. Desde el propio macrismo porteño también se exigía la información. La Legislatura porteña, incluido el bloque de Pro, había realizado un pedido de informes a fin de 2013 –a través de la resolución 292/13– solicitando la ubicación de las 2.000 cámaras. Pero en abril de este año, cuando los legisladores se dirigieron al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que dirige Guillermo Montenegro, para que se les entregara lo solicitado recibieron un no como respuesta. En este caso fue el superintendente de Comunicaciones de la policía porteña, Eduardo Martino, quien negó la información. Todo lo contrario a lo hecho por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que sí les informó a los diputados porteños dónde están sus 1.200 cámaras tal como lo estipula el protocolo, ya que sin esta información los organismos de control no pueden fiscalizar el uso legal de las cámaras.
Luego de tantas negativas por parte del gobierno de Mauricio Macri, la pregunta surge sola: ¿por qué tanto misterio?
“Lo más probable es que no haya 2.000 cámaras como se dijo. O que si las hay, muchas estén vigilando lugares privados en vez de dedicarse a la seguridad pública. El caso de que había cámaras de la Policía Metropolitana filmando lugares donde patrullaban los de la Policía Federal y viceversa es bien conocido. Además, muchas veces se hacen negocios cobrándoles un plus a empresas privadas para custodiarlas a través de las cámaras. Y hasta para vigilar qué hacen sus propios empleados. Obviamente, para eso se utilizan las cámaras que tendrían que estar destinadas a la protección de los vecinos. Por último, si no hay 2.000 cámaras, está claro que la licitación fue irregular para el beneficio de unos pocos”, le señalaron a Noticias Urbanas dos especialistas en seguridad que integran una fuerza pública que actúa en la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar del fallo en su contra, el gobierno Pro se mantiene en su postura de no dar a conocer la ubicación de las cámaras y va más allá al asegurar que apelará la sentencia. El propio ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, dijo después del fallo que “no se puede dar esa información porque cada cámara es un policía que no se enferma y no se cansa”. Similar fue la respuesta que obtuvo este medio cuando consultó, para esta nota, a los voceros de la Policía Metropolitana, quienes dijeron que no tenían “nada que comentar y agregar a lo ya dicho por el Ministro de Justicia”.
El argumento de que la información sobre la ubicación pública de las cámaras favorece a los que delinquen fue refutado por Pérez Esquivel. “Las organizaciones criminales hacen un relevamiento visual antes de actuar. Los que no saben adónde están las cámaras son los ciudadanos. Y conocer esto les podría ser de mucha utilidad para poder realizar recorridos monitoreados. El Gobierno porteño habla del nuevo paradigma de seguridad ciudadana pero concibe al ciudadano como un objeto de vigilancia y control, incapaz de colaborar con su propia seguridad. El mejor ejemplo de esto es que no ponen el número 103 de emergencias en los carteles señalizadores. Si un vecino ve que a otro le están robando no tiene adónde llamar para ayudarlo.”
Según un legislador porteño que dialogó con NU en off the record, antes del fallo de Reynoso en contra del Gobierno porteño, tanto “Montenegro como la Metropolitana querían cambiar la ley para que la información sobre las cámaras fuera confidencial y para eso estaban tratando de juntar voluntades dentro del bloque del Pro”.
Para Pérez Esquivel, lo más grave de la situación es que el Gobierno de la Ciudad sigue tratando de evitar el cumplimiento de lo que le exigen la Justicia y la ley.
“Más allá del debate sobre políticas públicas de seguridad, el trasfondo de esto es si una policía puede arrogarse el derecho de vetar un pedazo de ley de hecho o no. Por eso es importante que la Justicia haya despejado todas las dudas. Para colmo, el Gobierno porteño ahora subió un sitio web que tiene un código malicioso y cuando lo aceptás para entrar, encima no tiene información.”
La acusación no es menor. Sin embargo, las respuestas no aparecen. Señales nada buenas para los políticos que se venden como la nueva política.