En una resolución de menos de dos carillas, firmada por los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron la resolución del juez federal Sergio Torres “por cuanto fijó un embargo sobre los bienes de Carlos Menem hasta cubrir la suma de diez millones de pesos“.
Para convalidar esa medida, los magistrados evaluaron que “la maniobra -suficientemente acreditada en el marco de esta instrucción- tuvo consecuencias, efectos y perjuicios de índole económica que afectaron al patrimonio estatal en grados importantes”.
Menem fue procesado por “haber sustraído ilegalmente del patrimonio estatal el Predio Ferial de Palermo, por un precio vil” y se “encomendó allí al juez que estableciera el embargo correspondiente sobre los bienes del nombrado“.
A tales fines, “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo“.
Los magistrados que confirmaron el embargo son los mismos que procesaron a Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la fraudulenta venta del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina, en 1991.
La venta se habilitó con la firma de Menem y Cavallo del decreto 2.699 del 20 de diciembre de 1991, mediante el cual el Ejecutivo autorizó que “el Estado nacional venda el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina” (14 hectáreas ubicadas frente a Plaza Italia) por 30 millones de dólares, a pesar de que el valor de mercado era de 131.800.000 dólares.
Los camaristas explicaron que “lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el autocontradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo -que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles- coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales”.
