El titular del juzgado Número 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, resolvió intimar al Gobierno porteño y a la Policía Metropolitana (PM) “a dar exacto cumplimiento” a una sentencia dictada a fines del año 2007 en la cual se ordenó que tanto al Gobierno como a la fuerza policial que se abstenga de “efectuar clausuras, remociones o afectaciones a la labor comercial” de un vendedor ambulante de Once.
La resolución judicial dictada el 23 de junio, fue motivada por la denuncia de un vendedor de Pueyrredón y Valentín Gómez, por el incumplimiento de parte de la Metropolitana de lo dispuesto en la sentencia de amparo vigente en la cual se resguarda la venta de mera subsistencia en la vía pública o en transportes públicos, por no constituir contravención alguna.
El comerciante denunció la realización de numerosos operativos contra la venta callejera en el Once por los cuales sufrió el secuestro de mercadería. También se describe la existencia de una causa en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y la solicitud de devolución de la mercadería incautada.
“Pese a la sentencia firme de amparo dictada en los presentes actuados, el señor D. M. continúa viendo turbada su actividad de venta ambulante por el accionar de la PM y los procedimientos e inspecciones ordenados por la Administración”, resaltó Gallardo, remarcando que “dicho pronunciamiento se encuentra firme”.
Por último y para favorecer al vendedor ambulante, resolvió “solicitar a la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 4, que evalúe la petición de devolución de mercadería secuestrada que fuera oportunamente incoada por el señor D. M. a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de su actividad de venta ambulante”.