Tras la solicitada que se publicó este jueves en periódicos de tirada nacional con firma de la American Task Force Argentina (ATFA) -el grupo más duro de tenedores de los bonos en default-, el Gobierno eligió el mismo canal para responderles
“Los hechos demuestran que no es un mito que sean buitres” y acusarlos de “extorsionar para obtener una ganancia de más de 1.600 por ciento”.
Con el título “Fondos buitre: los hechos demuestran que no es mito que sean buitres” y la rubrica de la “Presidencia de la Nación”, el Ejecutivo acusó a la AFTA de injuriar y amenazar “públicamente” al país, con el objetivo de “extorsionar para obtener una ganancia de más de 1.600 por ciento“.
La administración central rechazó que el país “se niegue a negociar con los holdouts y elija el default”, que pueda avanzar en un acuerdo “sin afectar las reservas de manera significativa” y que los “fondos buitre” estén “dispuestos a otorgarle mayor tiempo a la República (Argentina)“.
Y añade: “No caben dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con Argentina son los fondos buitre, justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes“.
La Presidencia también menciona la “cláusula RUFO”, que permite a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 reclamar si otros acreedores reciben una oferta mejor que la que ellos aceptaron en su momento.
“Bastaría con que sólo el 80 por ciento de los holdouts consiguiera el mismo trato que los buitres para que esa suma (por los 1.500 millones de dólares que el juez Thomas Griesa obliga a pagar) se transformara en 15.000 millones de dólares”, insiste el Ejecutivo.
Agrega que “además, si el 92,4 por ciento de los bonistas que entraron en el canje reclamaran lo mismo, Argentina podría afrontar juicios por valores que algunos especialistas estiman en más de 500.000 millones dólares y, como mínimo, se ubicarían en los 120.000“.
Y concluye: “El sistema financiero internacional debería encontrar un nuevo término para definir la imposibilidad para cobrar de parte de un acreedor lo que legítima y legalmente le corresponde por acciones o por interferencias de terceros”.
