El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, firmaron este martes un acuerdo de colaboración. El mismo tiene como fin ” llevar a cabo acciones conjuntas para consolidar su labor y establecer un soporte para brindar apoyo técnico administrativo y asesoramiento, y adoptar mecanismos de asistencia recíproca que permitan optimizar la gestión integral de ambos organismos“.
Durante la firma del acuerdo, el Defensor del Pueblo porteño destacó la necesidad de “seguir adelante con todo el trabajo que la institución venía realizando”. “Vamos a defender los derechos de la tercera edad y de todos los jubilados a realizar sus trámites jubilatorios de manera gratuita y sin intermediarios. No queremos gestores que cobren honorarios absurdos cuando la gestión es sin costo alguno”, manifestó Amor.
Por otra parte, el Defensor anunció la apertura de cuatro sedes en conjunto con la ANSES y asumió el compromiso de estar presente en las quince comunas porteñas a partir del año que viene.
Por su parte, Bossio señaló que “nuestro país tiene la tasa de cobertura más amplía de América latina en lo que respecta a jubilaciones”. “Nos sentimos orgullosos de que la Defensoría del Pueblo nos acompañe en proteger el ejercicio de los derechos de todos los argentinos” recalcó, y agregó que es trabajo de ambos organismos dar a conocer a todos los ciudadanos sus derechos y deben ser también instituciones capaces de dar respuestas a los reclamos de los vecinos.
El acuerdo propone un Programa de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución conjunta de actividades institucionales en áreas de mutuo interés. Incluye el desarrollo de actividades tales como tareas de investigación, informes, trabajos de campo y capacitaciones; transferencia de conocimientos y asesorías en temas específicos; diseño de estrategias con acciones de concientización social sobre los mecanismos de protección de los derechos e intereses de la ciudadanía; y promoción de la legislación y las prácticas institucionales, en armonía con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
