Una nueva ley brindará un beneficio escolar a los hijos de mujeres víctimas de la violencia doméstica en el ámbito porteño. La norma sancionada este jueves por la Legislatura asegura la reincorporación de los menores, en cualquier momento del año, en Jardines Maternales, en los Niveles Inicial, Primario y Medio de gestión estatal -dependientes del Ministerio de Educación- y en los Centros de Primera Infancia que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa de la diputada Virginia González Gass (Partido Socialista Auténtico) fue sancionada con 47 votos positivos.
El artículo de la Ley Nº 1688 -sobre prioridad de vacantes- establece que “en aquellos casos en los que las víctimas de violencia doméstica requieran cambiar a los niños, niñas y/o adolescentes a su cargo de establecimiento educativo y/o Centro de Primera Infancia tendrán asegurada la incorporación en el distrito escolar de preferencia que la víctima elija, sin importar la etapa del ciclo lectivo en que se encuentren; siendo único requisito para gozar de este beneficio constancia de denuncia y/o intervención de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los Centros Integrales de Atención citados en la presente Ley, Juzgados Nacionales de Familia u otro órgano estatal de características similares.”
En los fundamentos del proyecto se señala “que salir del círculo de la violencia es complejo y requiere de varios elementos. Por un lado, es indispensable que la mujer pueda tener independencia económica para no depender pura y exclusivamente del violento (esta independencia es generalmente impedida por el agresor, para lograr sumisión y demoler la autoestima de la víctima). Con la necesidad de un trabajo, se suma el problema del cuidado de los/as hijos/as. En muchas oportunidades, no conseguir vacantes en el jardín o colegio que a la mujer le sea cómodo en este escenario de urgencia complica aún más la vulnerabilidad de la situación”.
Señalan que “en algunas ocasiones la violencia avanza a tal punto que deben tomarse medidas extraordinarias de protección para salvaguardar la seguridad de la mujer víctima y sus hijos/as. Algunas de ellas pueden llegar a cambiar de domicilio de residencia y/o a los chicos/as de colegio por ser víctimas de constantes amenazas por parte del agresor”.
