La distancia que media entre los dichos y los hechos, entre los planes y las acciones o entre lo que plantean los diferentes instrumentos legales y lo que realmente se cumple de ellos es, a menudo, abismal. Todo lo que nos rodea acepta múltiples lecturas, a veces encontradas. De allí que el instituto de la controversia está más vigente que nunca en esta ciudad que yace junto al río “color de león” de Leopoldo Lugones.
Es por estas razones que cuando se dictan algunos decretos es necesario profundizar en las diferencias que suelen existir entre los considerandos y lo efectivamente sancionado por los gobernantes. Es decir, los ciudadanos deberían profundizar en el estudio sobre las intenciones manifestadas y el articulado de las normas legales que regirán distintos aspectos de su vida diaria.
Muchas veces, en su afán por sostener bajo su égida la ejecución del presupuesto, los funcionarios son capaces de considerar por un lado y de decretar luego por otro.
El verbo descentralizar
Es este –descentralizar– un verbo de complicada conjugación. Solo basta intentar recitarlo, como en el primario (yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos), aún en el presente del modo indicativo, para chocar con los primeros obstáculos.
Toda esta introducción es apenas el ingreso para intentar el análisis del Decreto N° 251/14 que termina de firmar Mauricio Macri, en el que se crean cuatro nuevos cargos en las comunas, que son los de Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Gerente Operativo de Gestión Comunal, Subgerente Operativo de Participación Vecinal y Subgerente Operativo de Control Comunal y de Obras.
Este decreto se inscribe en medio de la conflictiva relación que supo cultivar el jefe de Gobierno porteño con los nóveles comuneros, que forman parte de la institución más joven de la democracia porteña, tanto que conforman la primera generación de juntistas comunales y llevan nada más que dos años y medio en sus cargos.
Una ley tardíamente sancionada
Antes hubo que recorrer un largo y sinuoso camino para arribar hasta la sanción de la Ley de Comunas, que ya estaba prefigurada en la Constitución de la Ciudad, sancionada el 1 de octubre de 1996, que estipulaba un plazo de cinco años para su creación.
Los gobiernos que se sucedieron desde entonces eludieron esta última exigencia de manera más o menos elegante, pero siempre incumpliendo el mandato de los constituyentes.
Finalmente, el 1 de septiembre de 2005, la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 1.777, que estableció la división de la Ciudad en 15 comunas, aunque deberían pasar aún seis años más –hasta el 10 de diciembre de 2011– para que comenzaran sus mandatos los 105 miembros de las Juntas Comunales.
Ahora, los gerentes
El 25 de junio último, el Poder Ejecutivo porteño sancionó el Decreto Nº 251 ya mencionado, por el que designó a cuatro nuevos funcionarios, que se sumarán a las Unidades de Atención Ciudadana para desarrollar funciones ejecutivas.
Según el Artículo 26 de la Ley 1.777, los comuneros tienen como atribuciones las de “aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual”; “ejecutar su presupuesto y administrar el patrimonio de la comuna”; “disponer, de acuerdo a las previsiones presupuestarias, la adquisición de bienes” y “ejercer la superintendencia de personal”, es decir, “nombrar y remover personal”.
En el Artículo 27 se les atribuye a los juntistas la facultad de “aprobar el anteproyecto de presupuesto” y “autorizar la compensación de partidas presupuestarias por excesos”, es decir, reasignar partidas para gastos en caso de que haga falta.
El artículo 28 les atribuye a los comuneros la potestad de organizarse en áreas, poniendo el énfasis en las de “participación vecinal” y la de “control comunal”.
En estos territorios es donde nace la controversia. Por ejemplo, el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, además de “brindar soporte”, también interviene, en coordinación con la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, en “el proyecto del programa de acción y en el anteproyecto de presupuesto anual de la comuna”.
Otra atribución que recibirá el funcionario será la de “intervenir en la administración del patrimonio de la comuna”, además de “responder a las consultas que requiera el presidente de la Junta Comunal”.
Adicionalmente, el nuevo Gerente Operativo de Gestión Comunal –nótese que las áreas en las que operarán serán dos de las que el Artículo 28 de la Ley 1.777 atribuye a los juntistas comunales– será el encargado de diseñar “los proyectos de obras nuevas” –otra potestad de los comuneros–, en coordinación con su jefe directo, el secretario de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, Eduardo Macchiavelli.
Otra función que tendrá este gerente será la de “realizar la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano”, coordinando su accionar con el propio Macchiavelli.
Como era de esperar, inmediatamente se alzaron las voces de los comuneros opositores, que el viernes 11 de julio presentaron un recurso de amparo y el 16 de julio publicaron una solicitada en el diario Página/12, en la que denunciaron el “decreto anticomunas de Macri”.
La presentación judicial lleva la firma de los juntistas Edith Oviedo y Alejandro Szer, de la Comuna 1; María de los Ángeles Suárez, de la Comuna 3; Raúl Sánchez, Carlos Benítez y María Laura Corvalán, de la Comuna 5; Ondina Fraga y Ariel Angrisano, de la Comuna 6; Carlos Gullo y Felisa Marinaro, de la Comuna 7; Mónica Menghini, Claudio Pandolfi y Facundo Roma, de la Comuna 8; Hernán Miguez y Aixa Rocha, de la Comuna 9; Leonardo Farías y Cynthia Salama, de la Comuna 10; Carlos María Eusebi y Lucía Velázquez, de la Comuna 11; Mercedes Correa y Pablo Ortiz Maldonado, de la Comuna 12; María Julieta Costa Díaz y Carlos Funes, de la Comuna 13; Gonzalo Toyos Martínez , de la Comuna 14; y Camila Febe Rodríguez, Carlos Grisafi y Ricardo Cuneo, de la Comuna 15.
La juntista de la Comuna 9 Aixa Rocha (Frente para la Victoria) se quejó, en diálogo con Noticias Urbanas, de que “recién ayer” (por el martes) se enteraron “de que en febrero” les había sido transferido a las comunas “el trabajo sobre el arbolado”. “Y eso fue porque los juntistas del Pro nos lo quisieron informar, porque sino ni nos enterábamos”, disparó la comunera.
En general, existe consenso entre los comuneros opositores en denunciar que los presidentes de las Juntas Comunales no abren el juego ni les permiten adentrarse en los vericuetos administrativos. Casi, casi, como comerse solos el guiso.
En este contexto es que se inscribe el Decreto N° 251, que naufraga en un mar de desconfianza, ocultamiento y en una larga serie de controversias inútiles, en la que la gimnasia consiste en un cortarse solos por parte del Pro y su contrapartida, la paralela falta de confianza de la oposición, que acusa permanentemente al oficialismo de dejarlo de lado en la gestión del organismo de la democracia que más participación otorga a los vecinos en las decisiones sobre el territorio que los atañe directamente, el barrio.
Aixa Rocha: “No tenemos ni un teléfono en nuestros lugares de trabajo”
Frontal, la joven comunera del Frente para la Victoria Aixa Rocha empieza combatiendo de movida. “No se sabe bien en qué se gastan los cuatro millones que dispone cada comuna, nunca terminamos de saber cómo se aplican esos recursos”, dice.
Ella y el resto de los comuneros del Frente para la Victoria presentaron en la Justicia un pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Nº 251, que estipula la creación de las cuestionadas dos gerencias y dos subgerencias en las comunas.
En cuanto al trabajo cotidiano, Rocha relata: “Hay dos directoras que nos legó la antigua estructura del Centro de Gestión y Participación Comunal, que son las que asignan las tareas. Nosotros tuvimos que presentarle un pedido de informes al presidente de la Junta, para que nos explique cuáles son sus funciones”.
José Luis Acevedo: “Los gerentes van a depender de las Juntas, no de la Secretaría”
El diputado del Pro José Luis Acevedo, que es el vicepresidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteño, acotó, en diálogo con Noticias Urbanas, que “el Decreto 251 no es una improvisación. Hace dos años y medio que está yendo de área en área –pasó, entre otras, por la Secretaría Legal y Técnica, por la Procuración General y por la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana– dentro del Ejecutivo porteño para que todos dieran su parecer y todos se expidieran sobre el tema. No era un secreto para nadie, porque todo se hizo públicamente”.
Acevedo cuestiona a sus cuestionadores. “Todos sabían que se estaba discutiendo este proceso de estructuras en las comunas, porque se discutió hasta en las propias Juntas Comunales y se informó a todos del proyecto. Nosotros no creemos que vaya contra los juntistas, porque la idea es que se generen áreas institucionales que dependan de las Juntas Comunales”.
En su exposición, Acevedo insiste: “Nosotros respetamos cada vez más profundamente el concepto de autonomía, porque la Comuna es la institución más joven del Estado porteño”.
Interrogado sobre el grado de autonomía del que van a disponer los nuevos gerentes, Acevedo contesta con mucha seguridad que “hay que hacer una diferencia: las políticas las diseñarán los juntistas y los gerentes solo van a ejecutar las órdenes de ellos. Es más, no van a depender del Secretario de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, sino de las Juntas. Van a tener un rol solamente ejecutivo”.
Acevedo destacó luego que “esto es un camino para que las Juntas Comunales tengan un funcionamiento más ejecutivo y menos legislativo. Todo se puede mejorar. Esta institución tiene solo dos años y medio y para ella estamos aportando políticas de estado que vayan más allá de un gobierno”.
La legisladora peronista María Rosa Muiños presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño solicitando información sobre las precisas atribuciones que tendrán los nuevos funcionarios que ocupen los cargos que termina de crear Mauricio Macri.
“El martes vino a rendir su informe de gestión el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta. De todo lo que dijo falta a la verdad, porque expresó que las competencias estaban siendo transferidas. Lo peor es que en un momento dijo que las comunas son parte del Poder Ejecutivo, lo que demuestra claramente su concepción”, informó la diputada, en su diálogo con Noticias Urbanas.
Muiños expresó que “se entiende que, si consideran que las comunas son parte del Poder Ejecutivo, inviertan en una gran estructura gerencial, a la que le traspasaron las competencias de las comunas”.
En tono crítico, la legisladora dijo que “los vecinos votaron siete comuneros y ellos (por el Ejecutivo porteño) nombran a cuatro gerentes que poseen la sabiduría y las facultades de los primeros. Seguro que tienen más sabiduría que el pueblo que vota”, remató en tono irónico.
La diputada Muiños se quejó además de que “cada comuna posee una caja chica que es manejada discrecionalmente por los presidentes de las juntas, un dinero que centraliza Macchiavelli, que tampoco cedió la jurisdicción presupuestaria. Debería haber una cuenta, cuyos movimientos deberían estar a disposición de los comuneros, pero eso no existe. Además, no cedieron las competencias que dijeron, todo pasa por Macchiavelli y luego lo baja a las comunas”, afirmó.
En la línea de denuncia por el ocultamiento, que es la actitud que suele cuestionar la oposición, Muiños relató que “los comuneros no pueden acceder a los sistemas de gestión de reclamos ni de gestión administrativo-financiera, porque se necesita una clave para eso y las claves las tienen los presidentes de las juntas comunales, que se niegan a revelarlas”.
“Con esta actitud, los comuneros ni siquiera pueden saber cómo se administran los recursos. De esta manera, los gerentes –que son funcionarios puestos a dedo– reemplazarían a los comuneros. Sin palabras”, concluyó, indignada, la legisladora.
Si en las dificultades diarias se templan los futuros políticos, es indudable que los comuneros están en el camino correcto. “En las reuniones que mantenemos, los del Pro realizan un simulacro de planificación. Ahí llegaron con un plan de poda, que ellos alegan que diseñaron de acuerdo al listado de reclamos. Cuando nos preguntan si estamos de acuerdo, nosotros solemos presentar más trabajos, relacionados con nuestro propio relevamiento de las necesidades del barrio. En ese caso, nuestra solicitud es aceptada, pero la ejecutan a discreción, si tienen voluntad”, dispara la juntista.
Para no dejar detalles librados al azar, la joven informa que “las transferencias de dinero deben ser hechas directamente a las comunas, pero se realizan a la Secretaría de Macchiavelli, que a su vez las reenvía a las comunas”.
Para graficar las distancias que imponen los comuneros del oficialismo, Rocha explica que en la sede de la Comuna 9 “solo están situados el presidente de la Junta Comunal y la Unidad de Atención Ciudadana”. “Nosotros trabajamos en la subsede, que dista 20 cuadras de la sede central. Ellos están en Mataderos y nosotros en Parque Avellaneda”, cuenta.
Peor aún: “Nosotros no tenemos ni siquiera un teléfono en nuestros lugares de trabajo”, informa la joven. Casi con saña, el cronista inquiere por los recursos que atesoran los comuneros Pro, relegados como los kirchneristas a la lejana subsede. “Ellos tienen dos teléfonos”, contesta Rocha, con la furia pintada en los ojos.
Para sintetizar su reclamo, la muchacha expresa que el centro de su queja tiene que ver con que “se constituya la jurisdicción Comuna. Lo que hay hasta ahora es el ítem 91, que incluye a la Secretaría de Acción Comunal y Participación Ciudadana, no a la Comuna”.