En tanto, el gobierno nacional presentó este lunes un memorandum al juez Thomas Griesa, en el que solicitó al magistrado que reponga una medida cautelar que permita el pago a bonistas regulares y respaldó los pedidos de aclaración requeridos por los bancos intermediarios.
Fuentes del sector privado consideraron que con esta nota, “la Argentina trata de despegarse” frente a los bonistas en regla de cualquier posibilidad de que se interprete que hay mejora en el pago a quienes ganaron el juicio. “Hoy, se teme más a la cláusula RUFO que a cualquier default, técnico, parcial o como se llame”, evaluaron.
La situación tuvo un correlato negativo en los mercados, ya que los papeles argentinos volvieron a bajar en sus precios, por lo que los bonos volvieron a presentar rendimientos importantes. Los abogados de la Argentina sólo podrán concurrir a la audiencia de mañana como observadores, pero fuentes del ministerio de Economía informaron que los abogados del país estarán presentes en el juzgado de Griesa como letrados de parte. En el memorándum, los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman solicitaron “una medida cautelar, junto con la protección adecuada y suficiente, de la República contra el riesgo RUFO”.
También solicitaron que la Corte otorgue “la aclaración a los tenedores de Eurobonos, Euroclear y Clearstream y negar el pedido de reconsideración de los demandantes”.
Además, argumentaron que se debería aplicar una “medida cautelar (stay)” para que los bonistas que ingresaron en el canje puedan cobrar sus acreencias.