La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) volvió a reclamar al Gobierno que le revoque la personería jurídica a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, luego de que el diario La Nación informara sobre situaciones sospechosas en el manejo de fondos, como que su administrador cobra el 16% de todo el dinero que pasa por la entidad.
Stolbizer le mandó una nota al ministro de Justicia, Julio Alak, en la que denunció “graves irregularidades” en el otorgamiento de la personería jurídica a la entidad y por las actividades posteriores de la Fundación, que encabeza Hebe de Bonafini.
“Las fundaciones deben cumplir con estas características: objeto de bien común, ausencia de finalidad de lucro, patrimonio propio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, imposibilidad de subsistir únicamente de asignaciones del Estado”, dijo la legisladora, al recordar que deben presentar un plan “trienal de actividades” con la descripción de lo que se va a realizar y las bases presupuestarias, en un cuadro de ingresos y egresos.
Pero, según Stolbizer, “el plan trienal presentado por la Fundación se refiere únicamente a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, donde se exponía que la universidad necesitaba $ 150.000 por mes para funcionar”.
“Esa cifra no coincidía con los $ 12.000 iniciales aportados para dar comienzo a la fundación, cuyo objetivo iba a ser llevar adelante la universidad, y tampoco podría cubrirse con las $ 40.000 anuales que las fundadoras se comprometían a aportar”, observó la legisladora.
Indicó que “el resumen presupuestario está hecho a mano por Sergio Schoklender y de él surge que el patrimonio inicial es de $ 12.000, las donaciones son $ 120.000 y hay ingresos adicionales (sin detallar a qué se refiere) por $ 60.500, por lo que el total sería de $ 192.500”.
“Los gastos serían de $ 117.434,50, indicando un saldo de caja de $ 75.050,50 para el primer año. No indica qué sucede el segundo ni el tercer año”, resumió Stolbizer. Argumentó, además, que con esas irregularidades la Fundación no podría seguir teniendo personería.
La personería le fue otorgada a la Fundación en 2005, por lo que la diputada responsabilizó por no denunciar estas irregularidades a todos los titulares de la IGJ de los últimos nueve años.
