Tras el fallo del pasado 8 de julio en el que declaró inconstitucional el veto del jefe de Gobierno a la ley de aborto no punible, el juez Roberto Gallardo intimó al Gobierno a readecuar una resolución para casos de interrupción de embarazos de mujeres con alguna discapacidad, de modo tal que se respete su voluntad y no se la obligue a recibir la asistencia de personas desconocidas por ella.
Ambas decisiones van en línea con la ley sancionada en septiembre del año pasado por la Legislatura que estableció los pasos a seguir ante estos casos.
El magistrado dispuso esta vez que el texto de la norma con la que el Ministerio de Salud porteño creó el “Equipo Interdisciplinario de Apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y/o psico-social que soliciten prácticas de aborto no punible” establezca expresamente que ese sistema de apoyo es un “derecho de la mujer” y no una obligación, por lo que no se la deberá forzar a recibirlo.
Para Gallardo, la función de ese apoyo “tiene por finalidad asistir a la mujer con discapacidad en la toma de sus propias decisiones, respetando de modo irrestricto su voluntad y preferencias”, y aclaró que para ello no necesariamente debe intervenir un equipo interdisciplinario, ya que “la función puede ser desempeñada por familiares, amigos, asistentes personales o cualquier otra persona de confianza de la mujer discapacitada“, publica Página 12.
No obstante, el fallo establece que “para el caso de no existir personas de confianza, la autoridad administrativa deberá designar persona idónea para prestar el apoyo requerido, designación que deberá tener siempre en cuenta la opinión de la mujer con discapacidad“.
La sentencia fue dictada en el marco de un amparo iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
