El autor británico Lewis Carroll aseguró que “si cada uno se ocupara de lo suyo, el mundo daría vueltas más aprisa”. Y dentro de esa lógica se entiende por qué las cosas funcionan como funcionan. Mal y empeorando. Los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad son un claro ejemplo de la situación, si se toma en cuenta el incremento en los delitos relacionados con la pornografía infantil. Que aumenta con el correr de los días.
El 15 de noviembre de 2012, la Resolución Número 501/12 creó como prueba piloto y por el término de un año el Equipo Especializado en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad. Un año después y a través de una nueva resolución, la 443/13, se aprobó la experiencia y la Fiscalía se estableció de manera definitiva. De esa manera, se transformó en la primera fiscalía especializada en ese tipo de delitos del país. La idea inicial es que los funcionarios del equipo actúen en los delitos informáticos propiamente dichos y en aquellos que se cometen a través de medios informáticos y que, por su complejidad en la investigación y su dificultad en la individualización de los autores, requieren de un tratamiento especial.
La fiscal Daniela Dupuy está al frente del Equipo Especializado en Delitos Informáticos y dialogó con Noticias Urbanas (ver recuadro) sobre las motivaciones que llevaron a la creación de esta fiscalía porteña. “Era necesario otorgarles un tratamiento especial a las investigaciones de delitos informáticos o aquellos que se cometían a través de internet, dada su complejidad y la diferencia que existía en relación a investigaciones tradicionales por la dificultad de individualizar a sus autores. A eso se sumaba la particularidad para adquirir la evidencia digital y la trascendencia indiscutible que tiene en el ámbito internacional, lo que requiere de un fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los distintos países”, explicó Dupuy.
Las resoluciones 501/12 y 444/13 le otorgaron a la Fiscalía Especializada las siguientes atribuciones: daño informático, pornografía infantil, grooming, acceso ilegítimo a un sistema informático, suministrar o permitir el acceso a un menor de 18 años a material pornográfico, hostigamientos y amenazas y, por último, la discriminación a través de internet.
Desde la creación de la Fiscalía se recibieron más de 1.016 casos, de los cuales 650 están actualmente en trámite. Y lo que más llamó la atención de los funcionarios judiciales que trabajan en el Equipo Especializado es que la mayoría de las denuncias tienen que ver con la pornografía infantil y todas sus derivaciones. A eso se suma que las cifras parecen ir en aumento, lo que aun es más preocupante debido a la vulnerabilidad de los afectados, al anonimato de quienes cometen ese tipo de delitos y al acceso cada vez mayor que hay a las redes sociales por parte de todo el mundo.
“El tema de la pornografía infantil a través de internet es un delito prácticamente nuevo y que va en aumento. Debido a lo novedoso del tema, requiere un tipo de investigación judicial y policial que no tiene nada que ver con las investigaciones clásicas con las que se resuelven otro tipo de delitos. Por eso la ley fue por detrás del delito, ya que todo comenzó a legislarse una vez que la pornografía infantil ya era un problema de alcance mundial. Es así que se necesitó de una jurisprudencia acorde con los tiempos y de investigadores que pudieran combatirla con las nuevas herramientas que proporciona la tecnología”, le explicó a Noticias Urbanas una fuente de la Policía Federal que trabajó en casos de este tipo.
Según los datos de la Fiscalía a cargo de Dupuy, desde la fecha de creación del Equipo Especializado, el 84 por ciento de los casos de delitos informáticos, en la Ciudad, son por pornografía infantil. Y, por consiguiente, su investigación demanda más tiempo, ya que intervienen otras áreas ajenas a la Fiscalía, como las fuerzas de seguridad o los cuerpos judiciales, que permiten dilucidar la responsabilidad de los proveedores del servicio de internet (ISP), los peritajes y la información que se solicita a otros países.
Debido a esa complejidad se firmó un convenio, a través de la Resolución 435/2013, entre la Fiscalía General y el National Center for Missing and Exploited Children (Ncmec). La entrada en vigor del convenio hizo que el Ncmec le remitiera al Equipo Especializado más de 700 casos de pornografía infantil, ya que tiene los reportes de tráfico de pornografía infantil informados por las empresas prestarías del servicio de internet ubicadas en los Estados Unidos. De esta manera, la información llega al Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, lo que permite que desde el equipo especializado a cargo de Dupuy se pueda identificar a los autores de los delitos denunciados en la Ciudad.
Según la fiscal, en los casos de allanamientos por pedofilia, grooming y daño informático es fundamental el registro de los domicilios de los imputados para asegurar la evidencia digital y realizar el informe de peritaje. “Hasta el momento se realizaron numerosos allanamientos y se secuestró gran cantidad de dispositivos informáticos”, señaló Dupuy ante NU.
Los elementos secuestrados en los allanamientos son analizados por los peritos de las distintas fuerzas policiales, el Área Cibercrimen de la Policía Metropolitana (PM), el Área de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal (PFA) y por el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal. El resultado de las pericias es imprescindible para continuar con la investigación.
Este trabajo produjo varias condenas por producción, distribución y facilitación de pornografía infantil. En mayo de 2013 se condenó a dos años de prisión a un individuo por exponer imágenes de contenido pornográfico infantil, luego de que se demostrara que tenía 1.999 imágenes a disposición de otros internautas. En diciembre del mismo año se condenó a dos años de prisión a otra persona que tenía 41 archivos de pornografía infantil y otros 28 a disposición de otros internautas.
El caso más reciente es de abril de 2014, cuando la Fiscalía Especializada logró la primera condena por tenencia de pornografía infantil con fines específicos de distribución. En el interior del domicilio del imputado se hallaron 80.860 archivos “con imágenes pornográficas de menores de edad, que en algunos casos exhibían sus genitales y en otros se encontraban en situaciones de claro contenido sexual” y que “tenían un claro fin de distribución y comercialización”. A la condena de un año de prisión se agregó que el imputado cumpliera por un año las reglas de conducta consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la Ciudad y a un tratamiento psicológico.
En junio de 2014 se condenó a una multa de cumplimiento efectivo a una persona por suministrar material pornográfico a menores, delito establecido en el artículo 62 del Código Contravencional.
Para finalizar, se destacan dos condenas, una de mayo de 2014 por hostigamiento y otra de junio del mismo año por daño informático. Delitos que, en menor medida, también son denunciados ante la Fiscalía Especializada, aunque la amplia mayoría siguen siendo los relacionados a la pornografía infantil.
Las cifras son más que elocuentes. El 84 por ciento de las denuncias se centran en un solo delito. Uno que crece día tras día. Y que debido al daño que hace y a las víctimas indefensas que escoge, necesita toda la atención que los organismos del Estado puedan brindar.