“Este conjunto de iniciativas tiende a garantizar una intervención regulatoria de carácter eficaz. No se pretende sustituir a la empresa ni a la iniciativa privada. Simplemente, evitar distorsiones de la cadena de intermediación”, indicó el funcionario.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich agregó que, con esta iniciativa, el Gobierno pretende “evitar la concentración económica” y “que ganen todos los actores de la cadena” productiva y también los consumidores, al evitarse el aumento del precio de los bienes “de un modo indebido e incorrecto”.
En tanto son cada vez más los actores económicos que se pronunciaron en contra del proyecto. De hecho, a la Unión Industrial Argentina y la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), ayer se sumó el jefe del radicalismo, Ernesto Sanz, quien consideró que la iniciativa “perjudica a los trabajadores, empresarios de todo tipo y comerciantes”.