La justicia bonaerense investiga a un cura por "instigar" a cientos de familias a cometer el delito de usurpación y a una monja por "amenazar a la policía con una piedra". Esta es la dirección que tomó la investigación judicial tras el violento desalojo de esta semana en los terrenos que la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) posee en el municipio de La Matanza.
El miércoles, funcionarios de ambos distritos finalmente acordaron con los vecinos constituir una mesa de diálogo para encontrar una solución integral al conflicto. Este jueves dos de los principales actores que garantizaron que en la descomunal represión no hubiera muertos y que fueron la piedra angular de la concertación, son ahora judicializados.
La fiscal Belén Casal, quién está interinamente a cargo de la Fiscalía Nº7 de La Matanza, informó a NOTICIAS URBANAS que actualmente existe una causa madre por el delito de usurpación de tierras, en la que interviene el fiscal Elpidio González de la fiscalía Nº3. De ese expediente correccional se desprenden otras dos causas abiertas esta vez por Casal, quién estaba de turno tras el violento desalojo del martes.
Aunque la fiscal pronto entregará sus actuaciones a Guillermo Rafaniello -titular de la fiscalía Nº7- abrió un proceso penal contra el sacerdote Daniel Echeverría, por el delito de instigación a cometer delitos, contemplado en el artículo 209 del código penal y que supone una pena mínima de 2 años de prisión y una máxima de 6 años.
Otra investigación que instruyó la fiscal es contra Norma Santa Cruz, una monja que trabaja junto al padre Daniel en la parroquia Santa Clara, dentro del barrio 22 de Enero. Según Casal, "en las actas policiales figura que la monja amenazó al personal policial con arrojarles una piedra". Pero en el asentamiento la versión es distinta: "La hermana lo que hizo fue correr y ligarse tres balazos de goma. Los únicos policías que recibieron heridas fueron cuando nos persiguieron dentro del barrio y les tiramos con piedras para que se vayan", dijo un joven que vive cerca de la iglesia.
Pero la Justicia en La Matanza no es ciega. Ella también alcanzó a ver al centenar de policías fuertemente armados, que con la ayuda de perros, caballos, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta un helicóptero reprimieron a más de 400 personas "sin techo" -armadas con biblias y rosarios- ni bien pisaron las tierras de la CMV. Tal vez por ello, aceptó la denuncia que presentó un grupo de los reprimidos ocupantes contra la policía por "abuso de autoridad".
TRAS LA DENUNCIA ORIGINAL
Diversas fuentes del barrio 22 de enero afirman que la orden de desalojo estaba desde hace dos semanas, sin embargo, hasta el momento ni la Comisión Municipal de la Vivienda ni la municipalidad de La Matanza reconocieron la autoría del pedido de desalojo.
Tras la represión, el titular de la CMV, Eduardo Jozami, emitió un comunicado en el que afirmaba que el desalojo "no sólo no fue propiciado por la CMV, sino que ni siquiera nos fue notificada por el Juzgado".
"Puede existir el caso en que un dueño presente judicialmente la acreditación sobre sus terrenos y que no requiera el desalojo en caso de estar ocupados", reconoció el fiscal Elpidio Gonzáles. Sin embargo, dijo que "este no fue el caso", lo que supone que la CMV efectivamente adjuntó a la titularidad sobre las tierras una denuncia por usurpación.
EL TIRA Y AFLOJE
Los ocupantes están convencidos que fueron pacientes y que su actitud no fue violenta. Algunos reconocen que si no fuera por la presencia de la Iglesia el barrio se iba a desbordar y el desastre hubiese sido mayor. Es que llevan 15 días esperando una mesa de diálogo que recién esta semana -tras el escándalo en los medios- los gobiernos de la Ciudad y de La Matanza lograron concertar.
Mientras tanto, las autoridades de ambos distritos no anunciaron cuándo será la primera reunión, ni dónde.
Por su parte, fuentes eclesiásticas reconocieron a NOTICIAS URBANAS que la mesa de diálogo es la única solución: "Todo el país está en una situación de concertación, al menos esa es la actitud. Y eso es lo que se pidió de entrada", admitió la fuente, al tiempo que consideró que se intentó desgastar las cosas para que la gente se vaya.
LOS CURAS DEL TERCER MUNDO
Belén Casal afirmó este jueves por la tarde que "el cura había solicitado permiso para realizar una misa, pero luego instigó para que la gente ocupara las tierras". En este sentido, informó que el delito de usurpación tiene una pena de prisión de hasta 3 años, según marca el artículo 181 del código penal.
Pero su versión se contradice en varios puntos, ya que en la iglesia Santa Clara afirman que esto nunca paso: "Se deben estar confundiendo -aseguran- con la última misa que se dio dos días antes cuando vino el obispo".
Justamente, fue el obispo de San Justo, Jorge Arturo Memvielle, quién desde el primer momento intercedió para conformar una mesa de diálogo y avaló las acciones de los religiosos para que "el reclamo justo -como definieron en la Iglesia- se lleve por vías razonables".
DENTRO DE LA LEY
El fiscal González ordenó el martes medidas para acreditar la existencia de una usurpación de los terrenos, a raíz de la "colaboración de la policía y los vecinos". Justificando a su colega, Casal admitió que "la policía, en caso de prevención, puede actuar de oficio y concurrir al lugar para ver si las tierras se ocuparon; sólo basta con el llamado de un vecino a la comisaría".
Casal reconoció que la pesquisa también incluye si el requerimiento del fiscal al juez Ochipinti para hacer el desalojo cumple con las formas legales vigentes.
Tras la sutil intervención de la fiscal, el proceso judicial deberá determinar si lo que dice el acta del procedimiento policial en relación a que un cura y una monja fueron los líderes de la usurpación, y como tales, instigaron a cometer delitos, a resistirse a la autoridad y a amenazar coactivamente a quienes "sólo cumplían con la ley".
