La polémica no dejo a nadie afuera. Hubo opiniones de todas las índoles y el silencio quedó en un segundo plano. La insólita medida dictada por la justicia porteña de llamar a declaración indagatoria a un niño de cinco años, por el supuesto robo de un juguete, fue duramente criticada por la Defensora del Pueblo Adjunta, Graciela Muñiz. Las acusaciones fueron tan fuertes y de diversos sectores, que hasta el propio jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra tomó cartas en el asunto y anunció que "la acusa fue archivada".
Por su parte, Ibarra calificó esta mañana de "verdadero disparate" la causa y dijo que "jamás se resuelve eso en los Tribunales, ni con jueces de por medio".
El jefe de Gobierno dijo que “sería bueno que nos ocupáramos de las cosas que realmente necesitamos". Además, recordó que en las escuelas se utiliza el sistema de "mediación" para los casos "medianamente serios" que se registran en ese ámbito.
"Es evidente que aquí se ha partido del supuesto de la consideración acerca de que la situación de hurto o sustracción entre niños, constituye un delito penalizable. No existen aquí , ni consideraciones, ni encuadramientos conceptuales de las motivaciones de una conducta que, en los adultos son entendidas inevitablemente como hurto o sustracción", arrancó Muñiz para luego agregar que "la Ciudad de Buenos Aires tiene una legislación absolutamente garantista, muy avanzada en el área de los derechos humanos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, al igual que otros tratados sobre derechos humanos, está incorporada en la Constitución de la Ciudad. Por otra parte, la Ley 114, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece con minuciosidad los principios, objetivos y medidas de acción que correspondan a lo establecido", finalizó la especialista en un claro mensaje opositor a la actitud llevada a cabo por el fiscal de la insólita causa.
La causa en que la justicia actuó con tanta rapidez y seriedad involucra a dos niños de cinco años, uno de los cuales le habría robado un juguete al otro, y ante los reiterados pedidos de devolución, la madre del niño afectado decidió hacer la denuncia ante la comisaría de su barrio. El fiscal que intentó indagar al menor, cuyo nombre no trascendió, se llama Fernando Ruoco Oliva y el expediente fue a parar al juzgado de menores del magistrado Enrique Velázquez.
Para la Defensora Adjunta la medida sienta un terrible precedente jurídico, ya que "existe un importante divorcio entre la doctrina internacional y el desarrollo y quehacer cotidiano de los ámbitos jurídicos de nuestro país. El modelo que propone la Ley de Patronato, está agotado y cuestionado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sin embargo, aún subsiste como marco fundamental en numerosos ámbitos, especialmente jurídicos. La extrapolación mecánica de la conducta adulta a los patrones infantiles sienta un grave precedente en cuanto al respeto a los derechos del niño, dejando latente la posibilidad de violar convenios internacionales de defensa integral de la infancia que nuestro país ha firmado. Consideramos como un deber insoslayable el protestar contra esta decisión arbitraria tendiente a criminalizar a nuestros niños".
