El juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Marcelo López Alfonsín le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que abone a una empresa de seguridad privada más de 200 mil pesos por los servicios de vigilancia prestados en una biblioteca de La Boca entre noviembre de 2001 y mayo de 2004.
El juez determinó que el estado porteño debe abonarle 216 mil pesos más intereses a la empresa Albor Seguridad SRL por “los servicios prestados en la Biblioteca Joaquín V. González, sita en Suarez 408, durante varios años de la gestión de Aníbal Ibarra al frente del Gobierno porteño”.
La empresa reclamó por “los que servicios fueron prestados sin solución de continuidad desde el 17 de septiembre de 1999 hasta el 18 de mayo de 2004”.
El juez consideró que el contrato entre el gobierno porteño de entonces y la empresa resultaba “nulo” por no haber respetado los procedimientos establecidos para las contrataciones con el Estado, pese a lo cual “ha quedado demostrado que los trabajos prestados por la actora resultaron necesarios para la prestación del servicio público a cargo de la Administración”.
Dicho de otro modo, la contratación fue nula, pero igualmente el servicio fue prestado por la empresa, que no lo cobró.
“Se satisface así el requisito de causalidad puesto que un mismo hecho ha motivado el empobrecimiento de la empresa de seguridad y el enriquecimiento del Gobierno de la Ciudad, de manera tal que asiste a la actora el derecho de recuperar las facturas adeudadas por el Gobierno demandado, por el monto que surge de la liquidación practicada”, destaca el fallo.
Además, determinó que “los importes de la facturación reclamada resultan razonables”.