El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la elevación a juicio del ex presidente de la Nación, Carlos Menem; de su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo y de otros diez ex funcionarios y empresarios por el delito de peculado, al considerar que participaron de la sustracción del Predio Ferial de Palermo al Estado nacional y luego lo transfirieron a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a menos de un 25 por ciento de su valor real en dólares, lo cual significó un perjuicio al Estado de al menos cien millones de dólares.
Stornelli encuadró la conducta de los imputados en el artículo 261 del Código Penal de la Nación, que pena con hasta 10 años de prisión la conducta del funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
El predio vendido, además, era del dominio público, lo cual implica que se encontraba “absorbido por los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e inejecutabilidad que le impedía al Estado Nacional, aún por intermedio de su máxima autoridad, venderlo”, advirtió Stornelli.
El fiscal señaló que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en “un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación” y sostuvo que gracias a ello lograron “la sustracción del bien hacia manos de particulares”.
La elevación a juicio también alcanza a otros ex funcionarios del Ministerio de Economía, el director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta, y el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez.
También pidió el juicio para los ex funcionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el entonces jefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa y el entonces Jefe Técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.
En la lista también se encuentran funcionarios del Banco Hipotecario: el jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas, Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff, y el agrimensor Jorge Frost, ambos de la misma área.
La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y ex secretario de la SRA, Juan Alberto Ravagnan.
El fiscal consideró “cierto y demostrado” que Menem, Cavallo, Ordoñez y Figueroa Alcorta “sustrajeron de la esfera de la administración pública del Estado Nacional el bien inmueble conocido como Predio Ferial de Palermo”, cuya venta directa se autorizó por el decreto presidencial 2699 del 20 de diciembre de 1991.
“La transmisión del bien en “forma ilícita” fue por un precio “total y definitivo de 30 millones de dólares estadounidenses cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos”, en momentos “de equivalencia paritaria entre el dólar estadounidense y la moneda nacional”.
La maniobra no hubiera sido concretada sin la participación de los funcionarios del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario, quienes -según describió el fiscal- “prestaron una colaboración necesaria” en la maniobra al valuar el terreno en la magra suma de 30 millones de dólares.
En este contexto, según Stornelli, el presidente y el secretario de la SRA “coadyuvaron en la sustracción del bien de dominio público del Estado Nacional” al suscribir el boleto de compraventa y la escritura traslativa de dominio, en diciembre de 1991 y mayo de 1992, respectivamente.
El fiscal fundamentó su dictamen en las conclusiones de peritajes sobre los ingresos que obtuvo la entidad de empresarios del agro en sólo seis años, a partir de la entrega en usufructo a la firma Ogden Argentina S.A. en 1995 y hasta el 30 de junio de 2001: “Si se para la historia en ese momento, a valores nominales, la Sociedad Rural Argentina compró el ‘Predio Ferial’ en $30.000.000 y lo cedió en explotación, recibiendo por ello al cabo de 6 años de dicha cesión poco más de la suma invertida en la compra”.
El fiscal señaló que “raudamente al entrar en funciones el ministro Cavallo, y sus séquitos Figueroa Alcorta y Ordoñez, se autorizó por el ex presidente Menem la venta de un predio por decreto del Poder Ejecutivo, sin reparar en la vasta herencia legislativa emanada del Honorable Congreso de la Nación que conformaba la historia de ese inmueble y su administración durante más de cien años”.
En el análisis del expediente administrativo de la venta, el fiscal advirtió que el tratamiento del predio como un bien privado del Estado y no como un bien público “fue efectuado a los solos fines de realizar la venta del inmueble de la forma en que se hizo. Rápida, directa y a un precio vil”.
