"En una acción temeraria, acompañada por un juez de extraña jurisdicción, la telaraña mafiosa que coexiste en la Provincia de Buenos Aires con la prostitución y el tráfico de estupefacientes, pretende arrimarse al valioso mercado del juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", manifestó el diputado porteño Enrique Rodríguez, al referirse a una presentación judicial que un grupo de empresarios realizó ante el juez federal Julio Miralles, de La Plata, para poder instalar en la Capital Federal máquinas tragamonedas. La decisión del magistrado, explicó el legislador a través de un comunicado, fue favorable a los empresarios.
"Voy a pedir el inmediato secuestro de las máquinas tragamonedas, para que no puedan estar en manos de los mafiosos que quieren convertir a nuestra Ciudad en un garito", afirmó Rodríguez. Según relató el diputado porteño mediante el documento que dirigió a este medio, "en los primeros días del mes de julio se presentaron ante el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, a cargo de Julio Miralles, dos escritos, los cuales promueven una acción de amparo que cuestiona las decisiones administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para impedir la instalación de máquinas tragamonedas en establecimientos radicados en su jurisdicción".
El comunicado afirma que "dichas acciones están cargadas de animosidad, en primer lugar, porque el juez es de extraña jurisdicción, es decir, que no tiene competencia territorial; en segundo término, el magistrado decretó las medidas cautelares de no innovar contra Lotería Nacional y contra el Gobierno de la Ciudad, autorizando la explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar en agencias hípicas y bingos con manifiesto desconocimiento del derecho vigente".
"Peor aún, -continúa- el magistrado vició el proceso al no dar lugar a la vista previa al Ministerio Público Fiscal por la competencia. No notificó las medidas cautelares dentro de las 48 horas, como es su obligación, y las dictó en abierta contradicción con sentencias previas dispuestas por los jueces federales de la Capital Federal, confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo".
Este párrafo se refiere a la sentencia de la jueza Clara do Pico, que declaró inconstitucional el decreto 494/01, firmado en mayo del año pasado por el entonces presidente Fernando de la Rúa. La cuestionada norma permitía la instalación en la Capital de las máquinas tragamonedas. El promotor del pedido de inconstitucionalidad fue el legislador porteño Atilio Alimena, del Partido Demócrata. El fallo de la jueza -emitido en octubre del año pasado- fue ratificado por la sala Nº 5 de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo en enero de este año. Como el gobierno nacional volvió a apelar la medida, la decisión final está en manos de la Corte Suprema.
El documento que dio a conocer Rodríguez señala que lo actuado ante el juez Miralles implica un "intento de avance de las organizaciones mafiosas sobre el rico mercado del juego de la ciudad, que algunas estimaciones lo sitúan en mas de mil millones de pesos".
