Una noticia inesperada puede tener el mismo efecto que un gancho a la mandíbula con la guardia baja. El único problema es que si el golpe lo recibe un peleador experimentado y resistente, puede luego contraatacar. Y eso es lo que sucedió en la batalla judicial que se libra en torno a las responsabilidades de la Policía Metropolitana (PM) y de la Policía Federal (PFA) por las dos muertes ocurridas en la represión desatada durante el desalojo del parque Indoamericano en diciembre de 2010.
Lo inesperado sucedió el viernes 18 de julio, cuando se conoció el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que integran Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, que sobreseía y le dictaba la falta de mérito a 41 efectivos de la Metropolitana y de la Federal que estaban procesados por los asesinatos de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña. Lo más raro del fallo es que en la propia resolución los camaristas confirmaban que las muertes habían sido causadas por el accionar policial durante el desalojo del Indoamericano. Pese a ello, despegaron de responsabilidades a los jefes de la PM y de la PFA, quienes fueron procesados por su papel en la dirección del operativo. Para fundamentar la resolución que favoreció a los 41 policías, los camaristas afirmaron que los asesinatos y la represión fueron producto del accionar de policías no identificados que habrían actuado por su cuenta.
La afirmación resultó más que sorprendente para los conocedores de la causa, ya que la profunda investigación llevada a cabo por el fiscal Sandro Abraldes demostró a través de numerosas pruebas la responsabilidad de los policías en los crímenes (ver recuadro). A eso se sumó el procesamiento que la titular del Juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción Número 47, Mónica Berdión de Crudo, dictó sobre los 41 miembros de ambas fuerzas (seis jefes y 24 efectivos de la PM y tres jefes y ocho efectivos de la PFA). Para la jueza, los efectivos de la Metropolitana fueron los responsables de las dos muertes ocurridas en el desalojo del predio. Y a los jefes de ambas fuerzas que coordinaron el operativo los había procesado por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas.
La Fiscalía y la Procuvin contraatacan
Luego de conocido el fallo de la Cámara de Apelaciones, la reacción de la Fiscalía fue inmediata. Pero no solo eso: al accionar de Abraldes se sumó la del titular de la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba (ver recuadro). El 15 de agosto, el fiscal Abraldes y el procurador Córdoba presentan un recurso de 97 páginas ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revoque el fallo de la Cámara de Apelaciones. En el escrito se pidió, en el punto uno: “Revocar la falta de mérito sobre Ricardo Raúl Ferrón, Diego Castillo, Mario Alejandro Barrionuevo, Daniel Orlando Gutiérrez, Hugo Zelmar Sánchez, Juan Carlos Pili, Cristian Alfredo Rodríguez, Ricardo Andrés Picart, Sergio Meliton Villagra, Daniel Héctor Oviedo, Mirta Carina Salvo, Hernán Carlos Giuliodori, Osvaldo Mauricio Viollaz, Rubén Jorge Antonio Boonstra y Sergio Horacio Iglesias”. En el punto dos: “Revocar el sobreseimiento de Pablo Eugenio Crevecouer, Leonardo Sebastián D´Loreto, Roberto Eduardo Zunini, Gustavo Antonio Carreño, Alejandro Fabián Benítez, Eduardo Darío Garralda, José Luis Gómez, Claudio Roberto Maeso, Víctor Germán Petraitis y Leandro Salvador Pozos”. En el punto tres: “Revocar el sobreseimiento de Hugo Ernesto Lompizano, Miguel Ángel Ciancio, Claudio Enrique Serrano, César Enrique Menardi, Alfredo Omar Córdoba, Alberto Bonifacio Ojeda, Juan Antonio Quinteros y Emilio Ramón Miragaya”. Y en el punto cuatro: “Revocar el sobreseimiento de Miguel Leonardo Caci, Hernán Víctor Rabluklak, Mario Enrique Schefer, Luis Daniel Fernández, Marcos Antonio Torrez Sejas, Daniel Eduardo Fail, Carlos Alejandro Caruso y Aníbal Luis María Rondan”.
La respuesta de Casación fue bastante rápida aunque no del todo satisfactoria para Abraldes y Córdoba. El viernes 29 de agosto les notificaron que les habilitaban el recurso en el caso de los sobreseimientos y que se lo negaban en el caso de las faltas de mérito. El fiscal y el procurador no se desalentaron y volvieron a la carga presentando, el 3 de septiembre, un “Recurso de queja por denegación del recurso de Casación” de 84 páginas ante la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo era que les habilitaran el recurso sobre la faltas de mérito. Además, solicitaron que se “haga lugar a lo planteado, se revoque el pronunciamiento cuestionado y se remita las actuaciones al Tribunal de apelaciones con el objeto de que dicte una nueva resolución, conforme a Derecho”.
Las pruebas contra la PM y la interna judicial
Un exjefe de la Federal que estaba en funciones cuando se produjo el desalojo del Indoamericano dialogó con Noticias Urbanas en off the record sobre la situación de la causa. “Las pruebas que hay contra los efectivos de la policía son contundentes. No dejan lugar a dudas. Está probado que las balas salieron del grupo de efectivos policiales aunque no se sepa con exactitud quien fue el responsable de los disparos. Después podemos ver quiénes dieron las órdenes y cuáles fueron sus responsabilidades y hasta analizar como posible atenuante sobre el accionar policial el grado de descontrol que se vivió durante el desalojo. Pero lo que no se puede refutar es la documentación que avalaron los procesamientos de la jueza”, manifestó el excomisario.
“Según las pruebas reunidas y los dichos de los testigos, Ferrón (uno de los comisionados procesados) fue quien lideró las acciones de los miembros de la Metropolitana enviados al parque. Y según estas declaraciones, los efectivos de la fuerza dispararon escopetas Ithaca de calibre 12/70, el mismo calibre de los proyectiles que mataron a Salgueiro y a Chura Puña la noche del martes 7 de diciembre. Existen imágenes que muestran a los policías de la PM disparando desde el puente de la avenida Escalada, a pocos metros de donde murió Salgueiro. Su propio cuñado, Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa, que estaba junto a la víctima cuando se produjo la balacera, declaró que los autores de los disparos eran policías perfectamente uniformados”, le aseguró a Noticias Urbanas un investigador judicial en la nota titulada “Los procesamientos en la PM que preocupan a Macri”, de mayo de este año.
Este es solo uno de los tantos datos que el fiscal Abraldes recolectó en la causa, donde hay prueba documental, de video y numerosos testigos que coinciden en la culpabilidad de la policía. “El fallo de la Cámara de Apelaciones no tiene nada que ver con todo lo expuesto en la investigación sino que además lo resolvieron en tiempo récord. Porque nadie se explica cómo leyeron un expediente tan importante en tan poco tiempo y fallaron de esa manera. No hay que olvidar que la jueza procesó a los policías en mayo, y en dos meses la Cámara dictó los sobreseimientos y la falta de mérito. Algo que no es muy común en el ámbito judicial”, le señaló a este medio un abogado que tiene ver con el caso.
La situación actual no acepta pronósticos de ningún tipo. Los fallos suelen ser impredecibles y nadie puede asegurar lo que pasará en el futuro. Lo único concreto son los datos que existen en el expediente sobre las responsabilidades en los asesinatos del Indoamericano. Y ahí no hay dudas.