Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón manifestaron que la decisión de la Justicia de condenar a cuatro años de prisión al empresario Rafael Levy, dueño de local en donde funcionaba el boliche que el 30 de diciembre de 2004 se incendió y mató a 194 personas, “confirma una vez más que la lucha tiene sentido”.
Sin embargo, repudiaron la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de absolver a la ex jefe de la comisaría 7a de la Policía Federal Gabriel Sevald y de supeditar a análisis la situación de otros tres funcionarios porteños imputados.
Los familiares recordaron que Levy fue quien mandó a cerrar con candado la puerta de la salida de emergencia, lo que impidió la evacuación del público, que había ido a ver a la banda de rock Callejeros.
Además, compararon la situación del país con la que vivió República Cromañón, al argumentar que “suceden “Cromañones” evitables, choques de trenes, violencia institucional y casos de gatillo fácil todo el tiempo”.
En cuanto al dueño del local, los familiares lo apuntaron como “el representante económico de la masacre de Cromañón”, ya que “siempre conservó el real poder sobre el local”.
“(Omar) Chabán no era ni dueño, ni inquilino, ni empleado. Chabán se encargaba de convocar a las bandas, preparaba el sonido, las luces, la publicidad, el local, las barras, pero nada podía hacer o dejar de hacer sin el consentimiento de Rafael Levy”, indicaron mediante un comunicado.
Aunque consideraron “insuficiente” la pena de cuatro años y medio que pesa sobre el dueño del boliche, remarcaron que la ratificación de la condena “no hubiera sido posible sin el actuar de las cabezas de querella” y “sin la movilización, lucha y denuncia constantes”.
“La ratificación de la condena a Levy nos confirma una vez más que la lucha tiene sentido, que no debemos olvidar, perdonar ni reconciliarnos. Y que en la lucha se mantiene encendida la luz de la esperanza”, añadieron.
Los sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas también señalaron que esperaban “condenas ejemplares contra los funcionarios públicos, especialmente (sobre ex secretario de Seguridad porteño) Juan Carlos López”.
Al respecto, indicaron que la Justicia continúa “protegiendo a los funcionarios públicos, responsables políticos de todas las muertes”. El jueves, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Levy y la absolución del comisario Sevald, en tanto que supeditó el análisis de la situación de otros tres imputados a determinar previamente si en sus casos la causa está prescripta.
Es el caso de López, el ex subsecretario Enrique Carelli y el ex director de Seguridad Privada Vicente Rizzo, cuyos expedientes deben ser reenviados al tribunal “para que se expida sobre la vigencia de la acción penal”.
