Familiares de víctimas de la tragedia de Once afirmaron este lunes que “el gobierno mantuvo o reforzó los vínculos con los procesados”, en el marco de un acto por los 31 meses del siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Allegados a los fallecidos y heridos expresaron su repudio al hecho de que Antonio Eduardo Sícaro, quien afronta como imputado el juicio por la tragedia del 22 de febrero de 2012, sea asesor del ministerio del Interior y Transporte a cargo de Florencio Randazzo.
“El gobierno ha mantenido o reforzado sus vínculos con los procesados. Y decir esto no es atentar contra el gobierno de Cristina Fernández. Es, simplemente, decir la verdad. Y eso les molesta”, advirtieron.
Al leer un documento en la terminal ferroviaria, los familiares sostuvieron que el nombramiento de Sícaro “no hace otra cosa que remarcar lo que desde un primer momento hemos señalado, que los vínculos entre el Poder Ejecutivo y los procesados por la tragedia de Once se mantienen intactos”.
Asimismo, reiteraron su reclamo de Justicia y dijeron estar “cada vez más convencidos de que los procesados tendrán, tarde o temprano, un lugar asegurado tras las rejas”.
“Sin embargo parece que el gobierno no piensa lo mismo”, dijeron al volver a cuestionar que Sícaro forme parte del grupo de asesores de Randazzo.
“Sícaro, ex interventor de la CNRT al momento de la masacre anunciada de Once, vuelve a trabajar para el gobierno nacional, traído de la mano, una vez más, por el ministro de Interior y Transporte”, agregaron.
En el documento, los familiares recordaron que cuando Randazzo fue consultado sobre el nombramiento dijo que “es absolutamente injusto y una hijaputez que cuando alguien tiene un proceso por una tragedia se lo condena a que haya que sacarlo de la sociedad, cambiemos la Constitución entonces. No tiene un cargo público, colabora con un funcionario”.
“Con marcado cinismo, (Randazzo) señaló que el procesado es colaborador y no funcionario, como si su desempeño no se diese de igual manera en un área del Estado argentino”, reprocharon.
Los familiares dijeron que “lo que Randazzo no entiende, o no quiere entender, es que nosotros, y una gran parte de la sociedad, repudiamos que el gobierno sostenga sus lazos con los procesados” y precisaron: “Sícaro tiene todo su derecho a trabajar, pero no podemos entender que el gobierno le dé lugar para ello”.
“No se trata de condenar de antemano, sino de que el gobierno muestre claros signos de imparcialidad a una sociedad que necesita y espera un fallo ejemplificador”, reclamaron.