Artículo 31 de la Constitución porteña: “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos; auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva; regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones”.
En el orden de las definiciones, podríamos decir que el derecho a la vivienda, tal como se expresa en el texto citado de la Carta Magna local, es un derecho humano fundamental. Reconocido en la normativa, no obstante, no se está poniendo en juego, hace tiempo, en los hechos, mediante acción de la política pública. Alcanza con ver un noticiero o leer un diario. Y corroborar el déficit estructural con la lectura de derecho a la vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires.
El lunes último, en la escuela Isauro Arancibia, el Observatorio de Derechos Humanos porteño presentó el libro Derecho a una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires, contando con la presencia de Eduardo Jozami, convencional constituyente y expresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña; Elena Liberatori, jueza del fuero Contencioso Administrativo de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría Ad Hoc de Barrios Vulnerados; Jaime Sorín, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA; Lito Borello, coordinador de la organización Los Pibes y secretario de Vivienda y Hábitat de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y Teófilo Tapia, delegado de la Villa 31. La publicación apunta, sin más, a los constantes incumplimientos del Gobierno porteño en materia de política habitacional. Al incumplimiento –histórico– de la obligación constitucional del derecho a la vivienda.
Y el lugar de encuentro no fue inocente: la Isauro Arancibia lleva en su lógica de ser la marca de incluir a los excluidos, constituyéndose como un centro educativo que recibe a cerca de 100 chicos en situación de calle, contactándolos por primera vez con la lectoescritura para que puedan obtener su certificado de nivel primario. Además de estudiar, allí comen, reciben el apoyo para realizar trámites de documentación, acompañamiento en el área de salud y, sobre todo, se plantean un proyecto de mayor calidad de vida. En estos días la institución, encabezada por Susana Reyes, pelea por su propio derecho a la vivienda: que el emplazamiento del metrobús por Paseo Colón no los deje en la calle.
Volviendo al informe presentado, entre otros temas, en el encuentro se subrayó el lugar preocupante que ocupan en la perspectiva oficial la falta de urbanización de las villas y el fomento al mercado, profundizando la especulación inmobiliaria. El informe contiene investigaciones del Observatorio de Derechos Humanos, la lectura e interpretación de las normas involucradas, información recabada de fuentes oficiales y en los territorios, consultas a actores políticos de diferentes comunas y el aporte de textos de académicos que reflejan la urgente necesidad de vivienda digna para cientos de miles de personas en nuestra ciudad. Todo, articulado a partir del reconocimiento del derecho a la vivienda digna, estipulado, como se refirió, en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad.
En el libro se afirma que, lejos de resolverse, el déficit habitacional ha aumentado de modo exponencial, pese a que la población del ámbito porteño se mantiene estable desde hace cuarenta de años. También, que las villas y asentamientos se han consolidado y expandido, sin que el Estado intervenga en su urbanización. En este punto, se asegura, es el propio Gobierno porteño el que reconoce que en los últimos cuatro años la población villera pasó de 163 mil a 275 mil personas. Ahora bien, no se ha urbanizado ni una sola villa. Y surgieron nuevos asentamientos precarios.
Además, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construye viviendas sociales nuevas, priorizando el otorgamiento de créditos limitados a sectores medios a través del Banco Ciudad. Solo se firmaron 900 escrituras para el programa “Primera casa” y 70 para “Mi casa BA”. En ambos casos, se deben poseer ingresos fijos y en blanco, y pagar el 20 por ciento del valor del inmueble por adelantado. Quienes elaboraron el informe sostienen que, a su vez, no se fomenta la autoconstrucción con supervisión del Estado. Solo se firmaron 239 escrituras por esta modalidad. La política sostenida, eso sí, es la de expulsión de los sectores populares, mediante “la agresión física, ya sea por medio de represión, topadoras y fuego”. El caso del barrio Papa Francisco, señalan, es un ejemplo reciente en ese sentido.
Por otro lado, los subsidios habitacionales resultan insuficientes para acceder el alquiler de una vivienda digna. Y se les suman nuevos requisitos, generando regresividad en el derecho adquirido. Más de 140 mil personas en la Ciudad viven en hoteles y pensiones, donde carecen de condiciones mínimas de habitabilidad. La contracara de este escenario son las 340 mil viviendas dignas deshabitadas.
Lo último –acaso la base de toda la problemática– es la mención al presupuesto para vivienda: la cifra se ubica en el lugar más bajo desde el comienzo de las gestiones Pro, habiendo descendido del 5 por ciento en 2007 al 2,1 en 2014. Lo peor es que se espera que el panorama que se avecina en materia de política de vivienda sea de todo, menos inclusivo.