Mientras los poderes Ejecutivo y Judicial cruzan acusaciones por las políticas contra el narcotráfico, el juez Eugenio Zaffaroni no tuvo mejor idea que distender la discusión con una irónica sugerencia para que el país elabore drogas: “Si producimos, nos vamos a ahorrar divisas”.
Ya hablando en serio, el juez de la Corte Suprema aclaró que no existe un riesgo serio de que la Argentina se convierta en un territorio productor de drogas: “No porque seamos inocentes, sino porque la materia prima para producir cocaína es demasiado voluminosa. En cocaína no podemos ser país de producción. Podemos ser de marihuana, porque se planta en cualquier lado. Hasta en los balcones”.
Lo que sí identificó como un verdadero riesgo es que Argentina se convierta en una zona de triangulación para llevar los estupefacientes a Europa: “Lo grave sería que como país de triangulación se nos metan las mafias, lo cual no se está produciendo, las de Rosario eran mafias locales”.
En diálogo con radio América, Zaffaroni, conocido por sus políticas garantistas y a favor de la despenalización de los consumidores de drogas, evitó polemizar con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Aclaró que no tuvo ocasión de escuchar su pedido por “políticas claras contra el narcotráfico”, pero señaló: “Ha habido marchas y contramarchas, pero me parece que la política ahora es bastante positiva”.
Por eso, pidió “no desviar cañones del aparato represivo hacia algo que no sirve para nada y concentrarlos en el narcotráfico”. Ese combate contra el crimen organizado solicitó acompañarlo con una “fuerte política asistencial” para los drogadependientes.
“Hay sacerdotes de villas que están viendo un problema dramático, que es el paco. Es un estupefaciente, pero más que eso es un veneno que destruye a pibes muy chicos. Ahí el problema es otro, porque cuando el pibe está dado vuelta se necesita una intervención compulsiva. El consumidor de paco no va voluntariamente a buscar un tratamiento. Esa intervención compulsiva no tenemos que confundirla con la punición. Es una intervención compulsiva en un caso de crisis aguda. Ahí hay que meterse y hacer una política enérgica, pero es un problema de salud, no de penas”, explicó.
