La Cámara porteña hizo lugar a la apelación planteada por el Gobierno porteño y revocó el fallo que ordenaba a la administración comunal implementar un plan de urbanización de la villa Rodrigo Bueno, ubicada en la Costanera Sur.
En un fallo dividido, el voto de mayoría sostuvo que esta medida no deben ser dispuestas por el Poder Judicial.
La causa fue iniciada por habitantes del barrio, ubicado en terrenos fiscales situados en la Costanera Sur, con la presentación de una acción de amparo en la que planteaban que podían ser desalojados por el Gobierno porteño, en el marco de la recuperación de los terrenos de la Reserva Ecológica.
El decreto N°2136/06, había creado el programa de recuperación de terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur “con el objeto de lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación del predio”, mediante “el otorgamiento de un subsidio o un mutuo con garantía hipotecaria” para las familias ocupantes. Según los amparistas, las sumas ofrecidas a través de estas disposiciones no permitían cubrir las inversiones realizadas en las viviendas, ni acceder a viviendas nuevas.
En el fallo de fondo de primera instancia, la jueza Elena Liberatori no sólo había dispuesto la nulidad de los decretos, sino que también había declarado la inconstitucionalidad del límite sur de la reserva, por haber omitido la preexistencia del barrio. Asimismo, había decretado la incorporación del asentamiento al Programa de Radicación e Integración de Villas y había ordenado que hasta tanto se efectivizase su integración urbana o social, la administración debía proveer a sus habitantes de servicios básicos, debía abstenerse de desalojarlos y debía informar acerca del grado de contaminación en el lugar.