Desde ahora, quienes vean afectada su intimidad por publicaciones en Internet, podrán solicitar a las empresas de los motores de búsqueda que eliminen las URLs de las mismas.
Esto será posible gracias a un fallo emitido por la Justicia porteña que obliga al Gobierno de la Ciudad a que, en el plazo de 180 días, dictamine la normativa correspondiente para exigir a las compañías que incorporen un protocolo con el fin de proteger los derechos de los usuarios de la web.
La decisión de la Justicia fue tomada a raíz de una presentación realizada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El letrado, en declaraciones a Noticias Urbanas, explicó que el objetivo es proteger a las personas de “datos sensibles que violen su intimidad. Estos incluyen opiniones y todos los contenidos que puedan aparecer en blogs, redes sociales, etcétera.”
Explicó que el siguiente paso será que el Gobierno de la Ciudad exija a las empresas que establezcan un procedimiento interno para que, ante el planteo de cualquier persona que se vea afectada, se eliminen de los resultados de las búsquedas los links de las publicaciones en cuestión.
Gil Domínguez subrayó que el trámite será “entre el afectado y la empresa” y que, de este modo, “será mucho más ágil”, ya que, hasta el momento, para realizar este tipo de reclamos “se debía contratar un abogado para iniciar un trámite judicial”.
En marzo de este año, en Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo similar. Al respecto, el abogado subrayó que el de la Ciudad “es mucho más amplio”. “El de Europa incluye solo datos sensibles como, por ejemplo, los relacionados con la salud y la sexualidad. Este fallo, en cambio, abarca opiniones de otros”, concluyó.
