El incremento de las cámaras de seguridad es utilizado como argumento -desde cierto sector de la política- para decir que de esa manera se combate al delito de una forma más eficiente. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Daniel Presti, dio un paso más allá. Y presentó una modificación del artículo 11 de la Ley 2.602, que regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos.
En la reunión de la Comisión de Seguridad del lunes, el legislador presentó una modificación para el punto que trata sobre la destrucción de las grabaciones.
“Las grabaciones son destruidas una vez transcurridos 60 días corridos desde su captación, mientras que no deberán destruirse las grabaciones que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”, dice la modificación del texto.
La idea del diputado macrista y exsubsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad es que las imágenes se guarden 60 días corridos y no 60 días hábiles como lo estable la ley actualmente.
“La iniciativa surgió luego de analizar los datos del ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre las estadísticas del primer cuatrimestre del año. En el cual surge que casi el 98 por ciento de las imágenes de video eran pedidas por la Justicia o el organismo correspondiente antes de los 60 días”, le explicó a Noticias Urbanas Presti.
“Por eso la idea es tratar de adecuar la ley a lo que sucede en los hechos. Porque después de los 60 días nadie pide nada. Y además, se trata de amoldar la normativa a los estándares legislativos existentes”, agregó el titular de la Comisión de Seguridad.
Presti utilizó un ejemplo muy común en este tipo de casos para explicar las mejoras que provocaría la modificación de la ley. “Cada vez que hay feria judicial, en el mes de enero, el plazo no corre, porque la ley sólo habla de días hábiles. Y esto también ocurre con los feriados y los fines de semana. Entonces el plazo se extiende y se guardan imágenes sin sentido y eso no nos parece razonable”, señaló el legislador PRO.
“Si las imágenes se guardan 60 días corridos en vez de 60 días hábiles, se va a mejorar la capacidad de almacenamiento y eso va a permitir un funcionamiento más óptimo de las cámaras”, puntualizó Presti.
¿Pero qué sucedería en un caso como el de Melina, la chica que estuvo mucho tiempo desaparecida hasta que se halló su cuerpo. Y eso provocó que la causa por su muerte se iniciara después? “Si la causa es de gran repercusión pública, las imágenes de video se piden enseguida y nunca exceden los 60 días”, finalizó Presti.
