El revuelo que el jueves obligó a detener durante 45 minutos las operaciones del aeropuerto metropolitano Jorge Newbery puso en evidencia que, una vez más, la tecnología avanza más rápido que las regulaciones. El debate gira en torno a los drones, pequeñas aeronaves civiles no tripuladas que se manejan a control remoto. Este viernes, el diputado Alberto Asseff, aliado al Frente Renovador, presentó un proyecto de ley para regular su uso.
El jueves, poco después de las 13.30, los radares de Aeroparque detectaron a dos de estos pequeños aparatos sobrevolando la zona: filmaban una publicidad para la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), que depende del Gobierno porteño. Se encendieron las alarmas, se activaron los procedimientos de emergencia, se interrumpieron las operaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a las dos personas que operaban los drones cerca de la cabecera Norte.
El origen de los drones está ligado al ámbito militar. Pero desde hace un par de años son de uso particular: en Buenos Aires se consiguen por menos de $ 10.000.
La propuesta de Asseff es que las aeronaves civiles piloteadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda cinco kilos estén inscriptas en el Registro de Matrícula de Aeronaves y dispongan de un certificado de aeronavigabilidad, y que además lleven una placa con los datos del equipo y de la empresa operadora, que deben incluir una vía de contacto. También plantea limitaciones sobre el espacio en el que podrán operar, por ejemplo, fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, o en espacio aéreo no controlado. Y la obligatoriedad de que estos vuelos se notifiquen.
Es que si bien en la actualidad la mayoría de los drones se utilizan para filmar y tomar fotografías, hay países en los que se están incorporando a servicios de correo y mensajería. Entre los fundamentos del proyecto, el diputado Asseff advierte sobre el riesgo de que, en el futuro, las aeronaves puedan llegar a utilizarse, incluso, para traficar droga en pequeñas cantidades.
A partir de una recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, que redacta una norma para 2018, la Administración Nacional de Aviación Civil está trabajando en un proyecto para regular su uso civil.
