El fiscal porteño Luis Cevasco pidió este viernes dos años de prisión en suspenso para los dirigentes sociales acusados de organizar en diciembre de 2010 la toma del Parque Indoamericano y la jueza penal Cristina Lara dará el veredicto el próximo lunes.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió la absolución porque “ningún testigo los identificó como organizadores” y porque “la Fiscalía violó el principio de objetividad en la acusación”.
Los acusados son Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán, y Luciano Nardulli, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa.
El fiscal Cevasco consideró que ambos en su rol de dirigentes colaboraron en la organización y permanencia de la toma, por lo que pidió que sean condenados por el delito de usurpación a dos años de prisión en suspenso, que implica que no sería de cumplimiento efectivo.
Nicolás Tauber, abogado de Pérez Ojeda y Nardulli, solicitó que sean absueltos porque “la Fiscalía violó el principio de objetividad en la acusación, ya que según consideraron durante el juicio no surgió prueba para pedir que sean condenados”.
La defensa sostuvo que “ningún testigo dijo que estuvieron en el lugar como organizadores, sino que se presentaron para solidarizarse con las personas que reclamaban por la falta de viviendas”.
El próximo lunes a las 9 se reanudará el juicio con las últimas palabras de los acusados y el veredicto de la jueza Lara.
El Parque Indoamericano fue tomado la noche del 6 de diciembre de 2010 y en un intento de desalojo, durante la represión de la Policía Federal y la Metropolitana, fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Chura Puña, de 24.
Unos treinta jefes y oficiales de ambas fuerzas cuentan con falta de mérito y están siendo investigados por esa causa.
Nardulli y Pérez Ojeda fueron los únicos que llegaron a juicio ya que Alejandro “Pitu” Salvatierra, delegado de Villa Soldati y referente kirchnerista del lugar, y Noemí Ruejas, del barrio Los Piletones, evitaron ese proceso porque llegaron a un acuerdo mediante una mediación penal, y acordaron realizar tareas comunitarias.