Los diputados porteños acaban de sancionar dos proyectos que tienen el mismo objetivo: presionar al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que tome las medidas necesarias para acelerar la transferencia del control de los subterráneos al ámbito porteño.
El traspaso está estipulado en el decreto presidencial Nº 393, de 1999, al que la Ciudad adhirió mediante la ley 373, sancionada en mayo de 2000. Además, el 11 de diciembre de 1998 se realizó una audiencia pública cuyas conclusiones fueron ampliamente favorables a la transferencia.
Sin embargo, poco se hizo hasta ahora. Tras esto, el diputado Jorge Casabé (Alianza), presidente de la comisión de Defensa de los Consumidores del parlamento porteño, presentó un proyecto de pedido de informes al gobierno de la Ciudad. En el mismo sentido, la diputada Juliana Marino (Generación Intermedia), promovió una declaración mediante la cual la Legislatura porteña, al votarla, solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad la toma de las medidas necesarias para efectuar la demorada transferencia.
"El hecho de se discutieran dos proyectos similares – sostuvo Juliana Marino – no fue por una cuestión de cartel, sino porque ambas propuestas tienen un contenido político distinto. Nosotros decimos: lo que queremos no son informes, sino que nos traspasen el control de los subtes de una vez por todas. Sin embargo – reconoció la legisladora – ambas medidas se complementan".
Con respecto al pedido de informes, el gobierno de la ciudad tendrá, una vez que lo reciba, 15 días para responder en qué etapa de cumplimiento está el traspaso y qué acciones se han desarrollado para llevarlo a cabo.
