La semana pasada la Policía Federal allanó 140 hoteles de la ciudad que, por un convenio con el Gobierno porteño, alojan a personas que carecen de hogar para pasar la noche. El operativo se llevó a cabo por orden de un juez de instrucción y fue motivado por una denuncia judicial que presentó hace exactamente un año atrás la Defensoría del Pueblo porteña, acusando presuntos fraudes en la adjudicación de los planes y en el cobro de las cápitas.
Alicia Oliveira, la defensora del Pueblo porteña, denunció la existencia de sobreprecios que habría pagado el gobierno en el alquiler de los alojamientos. "Hasta mediados de 2001, la Ciudad pagó 15 millones de dólares por año para solventar los hoteles", afirmó días atrás Oliveira.
Por su parte, el defensor oficial de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Fernando Lodeiro Martínez, quien defiende a los "sin techo" que fueron amenazados con ser desalojados en julio del año pasado, declaró que la situación en cuanto al estado de las habitaciones no cambió demasiado desde entonces: "El estado de los hoteles es lamentable, de un total hacinamiento, suciedad, con ratas y todo lo que se puede imaginar de malo dentro de una habitación. El estado es más lamentable todavía si uno lo compara con la cifra que se estaba pagando y que se paga por el servicio", acusó.
El defensor informó que corroboró el estado de los hoteles alojamiento durante una recorrida (que fue filmada) realizada junto a los jueces intervinientes en los numerosos amparos que se iniciaron ante las amenazas de desalojo.
Lodeiro Martínez aclaró que, aunque su función no es investigar directamente la facturación, "en este momento, según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Social, estarían bajando los precios que paga el gobierno por el alojamiento, que se paga por persona por día". El defensor Oficial de la Ciudad reveló que "se ha llegado a pagar hasta 1.100 pesos por una habitación de 3 por 3 metros donde dormían 8 ó 10 personas juntas", lo que evidenciaría una importante sobrefacturación.
"En nuestro fuero hay alrededor de 104 amparos iniciados por los alojados por el Gobierno de la Ciudad ante el temor de ser desalojados masivamente, en julio de 2001, cuando desde el Gobierno les llegaron a ofrecer un subsidio único en dos o tres cuotas o todo junto y después a la calle de vuelta", declaró en un programa emitido por Radio América el defensor Oficial. "Es toda la solución que ofrecía el gobierno", ironizó luego.
Lodeiro Martínez aclaró que los amparos se iniciaban para que no se efectúe el desalojo y para chequear las condiciones en que estaban alojadas estas personas por el Gobierno de la Ciudad. En una palabra, para "que se pague por lo que corresponde y no por lo que no se hace", sentenció el defensor.
A pesar de que la denuncia presentada por la Defensoría en agosto del año pasado acusa a los ex secretarios de Promoción Social porteños Rafael Kohanoff, María Cecilia Felgueras, Lidia Elsa Satragno (Pinky) y Daniel Figueroa, de malversar fondos públicos e incumplir sus deberes de funcionario público, la situación parece no haberse regularizado en la gestión actual que lleva adelante Gabriela González Gass:
"Uno sigue yendo a hoteles y todavía falta bastante para que se regularice la condición de los hoteles. Hay diversas resoluciones dictadas por la propia Secretaría de Desarrollo Social que uno va chequeando y no se cumple prácticamente nada de lo que dice", acusó Lodeiro Martínez, quien luego se mostró pesimista con las acciones que encara la Secretaría que cuya titular es Gabriela González Gass: "Lejos creo que están de cumplir con la propia reglamentación, por lo menos en lo que hace a los hoteles y las condiciones para dormir", opinó el Defensor Oficial de la Ciudad.
