La investigación por la toma del predio de Villa Lugano alcanza a más personas vinculadas al poder político. En esta oportunidad, a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, pues de dos teléfonos oficiales asignados a su nombre hubo contactos con uno de los líderes de la ocupación, según informa Infobae.
El funcionario es Pedro Bassi Luna, director de Coordinación Cooperativa de Vivienda e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social. Fue citado a indagatoria por el fiscal penal y contravencional Pedro Rolero para el jueves. Va a tener que explicar por qué de dos líneas oficiales asignadas a su nombre hubo contactos con Emmanuel Ríos, líder de la toma –según la Fiscalía- que se extendió por seis meses hasta agosto de este año.
Las llamadas desde los teléfonos de Bassi a Luna las hizo Marta Yané, una integrante del Movimiento Evita Capital, una organización social afín al kirchnerismo y que en estructura nacional tiene como líder al dirigente Emilio Pérsico.
En la indagatoria Yané nada dijo de las dos escuchas que la comprometen como partícipe de la toma. El fiscal indagó sobre los teléfonos y desde el Ministerio informaron que corresponden a Bassi Luna.
A partir de las escuchas es que el fiscal Rolero ya imputó a Yané, quien se suma a otros acusados para los cuales pidió el juicio oral y público. Uno de los casos más asombrosos, es el de Marcelo Chancalay, un referente de la Villa 20 y para quien según la Fiscalía fue coautor de la toma.
Lo increíble de Chancalay es que mantuvo contactos aceitados contactos políticos con todos. Fue empleado por muchos años del Gobierno de la Ciudad, y tuvo vínculos con el PRO y UNEN. Incluso, testigos aseguran que él los incitó en varias ocasiones para asistir a actos que lideraba Cristina Kirchner como presidente.
Para el fiscal, Chancalay contaba con los medios económicos para sustentar una toma. Al serle allanada su casa, se le encontró documentación vinculada con dos cooperativas (Cooperativa de Trabajo Cardenal Samoré LTDA y la 25 Limitada). También se encontró una planilla de un programa social otorgado por la Ciudad a nombre de Emanuel Ríos.
En la causa constan los depósitos que durante todo el año pasado hizo el Gobierno de la Ciudad en una de las cooperativas vinculadas a Chancalay por dos millones de pesos. Chancalay primero acordó la realización un juicio abreviado, lo que implica una negociación de la pena y que como condición lo obligó a reconocer la responsabilidad, pero luego aseguró que lo hizo bajo amenaza.
La jueza Gabriela López Iñiguez rechazó el abreviado y ahora Chancalay afrontará un juicio oral y público. Detrás de las caras visibles de las tomas, y en particular de ésta que tuvo lugar en Lugano, se sospecha de la activa participación de dirigentes políticos aunque no es fácil probarlos, según fuentes consultadas por Infobae.