Semanas atrás, el abogado kirchnerista Eduardo Barcesat presentó una denuncia por “sedición” contra 28 senadores opositores que habían anunciado la decisión de no discutir quién será el reemplazante del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, una vez que su renuncia se haga efectiva -situación que se concretará a partir del 31 de diciembre- hasta el año 2016, cuando haya asumido un nuevo gobierno.
Sin embargo, el fiscal de la causa que recayó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, Carlos Rívolo, pidió desestimar el pedido del letrado K al sostener, a través de un escrito, que “la conducta que Barcesat le reprocha a aquellos senadores no pasa de ser una expresión política, una manifestación de una mera idea”. Por lo que “son fundamentalmente cuestiones de índole éticas y políticas y, por ende, en extremo opinables”.
Rívolo advirtió que el proceso para la selección del nuevo juez “no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que surge de un mecanismo republicano y democrático y que tiene incluso una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese (NdR: se refiere a las audiencias públicas)”, por lo que no puede considerarse que los senadores se estén sublevando por su postura.
El documento firmado el miércoles 19 de noviembre por los senadores opositores fija el compromiso para “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso”.
