El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación penal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por supuestos “comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial de la Nación”.
Delgado se hizo eco de una denuncia de la diputada porteña por la Coalición Cívica Paula Olivetto, quien describió una serie de “procedimientos” mediante los cuales “se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del Presidente de la Corte y Consejeros de la Magistratura con los que mantiene una misma sintonía política” el manejo presupuestario.
Se trata de una presunta “ingeniería burocrática elaborada por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los Consejeros (de la Magistratura) con una misma sintonía política, en pos de obtener el manejo de los recursos financieros del Poder Judicial de la Nación”, sostiene el dictamen que impulsa la investigación.
La causa está en manos del juez federal Luis Rodríguez, a quien el fiscal le pidió investigar si existió “una disputa política entre los dos cuerpos del Poder Judicial de la Nación”, la Corte y el Consejo de la Magistratura, “donde el bien buscado no era otro que la administración y control de los recursos financieros del Poder Judicial”.
Según la diputada Olivetto, en un proceso que se inició en 2008, “desde la Presidencia de la Corte se habría continuado con la misión de captar para sí ciertas oficinas claves en el funcionamiento del Consejo, ya que al contar con el apoyo del estamento judicial y los representantes oficialistas de ese cuerpo podían aprobar las resoluciones necesarias para lograr su objetivo”.
El mecanismo –añade la denuncia- incluyó “un plan anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración y Financiera para que ese control pueda llevarse a cabo, situación que no permitiría a la Auditoría General de la Nación efectuar un control eficaz”.
Esa sustracción del control estricto del organismo fiscalizador quedó reflejada, según se desprende del dictamen que impulsa la investigación, en que “desde el año 2005 a la fecha sólo se cuenta con dos resoluciones que aprueban el plan de auditoría”.
