El Cuerpo de Delegados del Subte levantó el paro que realizaba desde el viernes a raíz de que Metrovías se comprometió en el Ministerio de Trabajo a dar marcha atrás con los 102 despidos, a implementar a partir de abril la jornada laboral de seis horas y a negociar la instalación de maquinas expendedoras de boletos con los gremialistas de base. Así, la cúpula de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que había firmado el jueves con la empresa un convenio que 77 horas más tarde fue anulado, verá menguada su representatividad en los subterráneos porteños.
La nueva acta establece un cronograma similar al de la UTA con la excepción de que luego de julio la empresa no podrá obligar a sus empleados a trabajar más de seis horas. El único punto que no entró dentro del convenio fue el descuento de los días caídos por la huelga, los cuales serán reclamados a la empresa por vía judicial.
En tanto, se acordó crear una comisión tripartita -presidida por el secretario de Transportes de la Nación- entre la UTA, el Cuerpo de Delegados y Metrovías, en la que se debatirán las inversiones de la empresa y la implementación de expendedoras automáticas. De esta manera, los gremialistas de base lograron correr el eje de las discusiones y obligaron al concesionario a que explique la presunta falta de inversión en materiales rodantes, entre otras cosas.
El acuerdo llega luego de que el líder de la agrupación de desocupados Raúl Castells, la diputada porteña Vilma Ripoll (Izquierda Unida), el Polo Obrero y gremios docentes, telefónicos y ferroviarios se solidarizaran con la posición de los delegados del subte y que, incluso, ofrecieran iniciar paros y movilizaciones en sus respectivos sectores. La finalización del feriado de Malvinas y la cercanía de un nuevo día laborable apuró los tiempos y el lunes a las 17, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, convocó a todos los sectores a una reunión en la sede de su cartera.
Durante el fin de semana, Metrovías había enviado 102 telegramas de despido y había iniciado una causa penal contra los delegados por obstruir la salida de los subterráneos. En tanto, la Nueva Interlíneas, como se autodefinen los gremialistas de base en homenaje a la agrupación que fue desarticulada por la última dictadura militar, había denunciado a la empresa concesionaria de subtes ante un juzgado de Instrucción por lock out patronal y por privación ilegítima de la libertad, por impedir la entrada y salida de trabajadores del subte.
El paro se había anunciado el viernes a media tarde frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en principio por seis horas, en oposición al acuerdo que había firmado un día antes la UTA y Metrovías, aunque esa misma madrugada se mencionaba que iba a extenderse por tiempo indeterminado. A través de este convenio se canjeaba la reducción horaria para los empleados que no habían sido alcanzados por la declaratoria de insalubridad -boleteros, empleados comerciales y algunos de los trabajadores de los talleres-, por la instalación de máquinas de expendedoras de boletos. Sin embargo, el convenio no establecía seis horas laborales, sino que desde el 21 de abril hasta el 1 de julio estos sectores hubiesen trabajado seis horas más dos semiextras y desde esa fecha, seis horas más una semiextra.
Desde un primer momento, los delegados gremiales del subte consideraron inaceptable el acuerdo, ya que entienden que la implementación de expendedoras automáticas producirá el despido de boleteros, que generalmente tienen "contratos basura". Además, sostienen que Metrovías deberá incorporar personal a partir de la inauguración de nuevas estaciones de subtes.
BREVE RESEÑA DEL CONFLICTO
Los trabajadores del taller Los Polvorines de Metrovías hace un mes se habían retirado dos horas antes de que finalizara su turno, a instancias de la dirección de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). La decisión se había tomado en la sede del gremio en una asamblea que reavivó la división entre el Cuerpo de Delegados de Trabajadores del Subte y las autoridades de UTA.
Allí, el Cuerpo de Delegados pedía que se postergara por una semana la medida de fuerza de Los Polvorines, de forma tal que la reducción de la jornada laboral a seis horas se reclamara en conjunto con los boleteros. Para ello, sostenían que era peligrosa la medida de fuerza, porque sólo el 40 por ciento de los boleteros tenía más de tres meses de antigüedad en la empresa y, del resto, el 20 por ciento no tenía estabilidad laboral.
"La burocracia quiere negociar en una conciliación obligatoria la instalación de las máquinas expendedoras y la reducción de la jornada laboral de los boleteros", afirmaban en aquel entonces fuentes del Cuerpo de Delegados. Hasta esa fecha, los gremialistas de base habían conseguido la declaratoria de insalubridad y, luego, la firma de las seis horas para los trabajadores del premetro, quienes nunca antes en su historia habían obtenido esta conquista laboral.
Pero la medida de fuerza en el taller de los Polvorines provocó una conciliación obligatoria que dejó afuera del debate al Cuerpo de Delegados y reforzó a la UTA, que negoció directamente con la empresa concesionaria de los subterráneos porteños. Ahora, a partir de la huelga de 77 horas, la Nueva Interlíneas fortalece su vínculo con los trabajadores y sus reivindicaciones, mientras que la UTA recibe otro duro golpe. "Nos vamos para garantizar el restablecimiento del servicio", dijeron los representantes de la cúpula sindical, mientras el ministro Tomada los miraba de reojo y callaba.
