La denominada cláusula RUFO -siglas de Rights Upon Future Offers-, que impide a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010, quedó sin efecto y permite al gobierno nacional, intentar en mejores condiciones, la reanudación de las negociaciones con holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.
Este grupo de acreedores se benefició por una sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que determinó que la Argentina debe pagarles 1.330 millones de dólares en efectivo por incumplimiento de la condición de la cláusula de “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”.
Si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados “me too” (“a mi también”: acreedores que requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los 10 mil millones de dólares.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revisar las sentencias en contra del país, el Gobierno y los holdouts tuvieron durante varios meses una serie de encuentros a instancias del mediador judicial, Dan Pollack, nombrado por Griesa. En todos los casos, el Gobierno planteó como oferta las condiciones de los canjes 2005 y 2010, apelando a las restricciones que le imponía la cláusula RUFO.
Esta cláusula está contenida en los títulos que se entregaron en ambas operaciones y se extingue hoy, 31 de diciembre de 2014.
El Gobierno reiteró en varias oportunidades que pretende renegociar la totalidad de la deuda aún no restructurada pero en “condiciones, justas, equitativas y legales”.
Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito.
El conflicto judicial mantiene a la Argentina en un default selectivo desde el 30 de julio, cuando el juez Griesa impidió el pago de vencimientos a acreedores reestructurados hasta que no se cumpla con su fallo.
Esta situación complicó el escenario financiero y le impide al país a acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica. Un acuerdo con los holdouts cambiaría la perspectiva sobre la evolución de la actividad durante el electoral año 2015.