Las medidas están relacionadas con la preservación de las escuchas telefónicas sobra las que Nisman fundamentó su acusación contra la Jefa del Estado, otros funcionarios y dirigentes políticos cercanos al Gobierno. Lijo se reincorporó hoy a sus funciones, en plena feria judicial, después de que en las dos primeras semanas de enero su juzgado fuera subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría, quien rechazó habilitar la actividad durante el receso veraniego en la Justicia para tratar la denuncia de Nisman.
En ese contexto, Lijo “dispuso una diligencia en el día de la fecha en la sede de la Unidad Fiscal de Investigaciones del atentado a la AMIA, para incautar y asegurar todos los discos compactos, donde están grabadas las intervenciones telefónicas, y toda la documentación detallada en la denuncia”, explicó el Poder Judicial en su página de internet.
Además, Lijo le pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral -quien la semana pasada descalificó la presentación de Nisman e incluso deslizó que pudo haberse extralimitado en sus funciones- que le enviara “todos los antecedentes y documentación” relacionados con las intervenciones telefónicas que cimentaron la denuncia de Nisman.
Con esta decisión, Lijo se metió de lleno en la causa luego de que el propio Canicoba Corral había dicho que Nisman debió haber enviado a sorteo su acusación para que recayera en uno de los doce jueces federales.
Sin embargo, Nisman entendió que formaba parte de otro de los hechos de encubrimiento en la megacausa AMIA, por la que ya fueron procesados y enviados a juicio oral el ex juez Juan José Galeano y el ex presidente Carlos Menem.
