La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Justicia un escrito sobre la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner en el que asegura que “no hay pruebas” en los delitos atribuidos por el fiscal a la Presidenta y otros funcionarios del Gobierno.
El organismo, que representa al Estado, entregó al juez Daniel Rafecas, que investiga la denuncia de Nisman, un texto “de carácter institucional” para “aportar los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia”, según se indica en su página web.
“Ni del texto del memorándum ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno en forma previa, concomitante, o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al que se expresó como fundamento del convenio”, se indica en el documento, que fue publicado por adelantado en el sitio de la Procuración.
En las “Conclusiones” se sostiene: “No existe prueba alguna, siquiera de carácter “indiciario”, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación o a funcionarios del gobierno nacional, susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados por los artículos 277 -incisos 1º y 3º-, 241 -inciso 2º- y 248 del Código Penal -preceptos estos que invoca la denuncia-, ni en ninguna otra norma del Código citado”.
En la denuncia de Nisman, presentada el 14 de enero pasado, cuatro días antes de su muerte, el fiscal pide la indagatoria de Cristina Kirchner , a quien acusa de haber sido autora de una conspiración para encubrir a los responsables iraníes del atentado a la AMIA, maniobra de la que también habría participado su canciller, Héctor Timerman .
“Ninguna actuación de las autoridades del Gobierno tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, se sostiene en el escrito de la Procuración del Tesoro.
El pedido de indagatoria, que incluyó un pedido de embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, se extendió al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; el líder piquetero Luis D’Elía; el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; a un ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, y a un encumbrado agente de Inteligencia que trabaja con la jefa del Estado.
Nisman sostenía que la Presidenta negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos “fachos locales”, de modo de fabricar la inocencia de Irán. En la denuncia, se señaló que “la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman”.
La presentación de los documentos se produce luego de que la Cámara Federal haya determinado, el 4 de febrero, que Rafecas sea quien investigue la denuncia que presentó Nisman luego del limbo judicial que se produjo ya que el magistrado Ariel Lijo se declaró incompetente, y luego de que el propio Rafecas hiciera lo propio.
Tras la muerte de Nisman, también se demorará la causa principal por el atentado, que instruye Rodolfo Canicoba Corral. Si bien el fiscal del caso es Guillermo Marijuan, en la práctica era Nisman, como titular de la UFI-AMIA (una unidad especial con presupuesto autónomo y más de 40 empleados), quien llevaba el impulso de la investigación.
