El vicepresidente Amado Boudou se sentaría en el banquillo de los acusados por el caso Ciccone después de las próximas elecciones; es decir, una vez que deje la vicepresidencia y que Cristina Kirchner termine su mandato.
Tras la confirmación del procesamiento del vice en la causa sobre la ex imprenta por parte de la Cámara Federal porteño, fue el fiscal Jorge Di Lello quien aventuró una fecha estimativa sobre el juicio oral.
“Yo calculo que va a ir a juicio después de las elecciones”, dijo el fiscal, en diálogo con radio Vorterix. Di Lello dijo que “no sería inminente el juicio oral”, aunque consideró que dicha instancia “sería buena para todos” si se resuelve en los próximos meses.
“Si es el vicepresidente y cometió delito, lo más sano es que no sea más vicepresidente. Si es el vicepresidente y no cometió delito, ayudaría a terminar con el manoseo”, explicó el fiscal. “La Argentina es amante de las carátulas, que a veces son bien ganas y a veces bien inventadas”, agregó.
Este jueves, en un fallo unánime de sus tres integrantes, la sala I de la Cámara consideró probado que Boudou se quedó con el 70 por ciento de la ex Ciccone Calcográfica, la imprenta que ganó el contrato para imprimir los billetes de 100 pesos. Y que lo hizo a través de la firma The Old Fund como parte de una coima, para lo cual incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo de ministro de Economía, entre 2009 y 2011.
La Cámara confirmó también los procesamientos del socio e íntimo amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, y de su jefe de gabinete en el Palacio de Hacienda, Guido Forcieri.
Di Lello dijo que la investigación ahora se profundizará sobre la ruta del dinero y el rol de la AFIP y la Casa de Moneda. En su escrito, el camarista Eduardo Farah reclamó que Ricardo Echegaray sea llamado a indagatoria por el juez federal de primera instancia, Ariel Lijo. También pidió que se ahonde en la actuación del Banco Macro, de Jorge Brito, en la operatoria bajo sospecha.
Los otros dos miembros de la Sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, también ordenaron ahondar en la AFIP: “El juez deberá esclarecer las causas específicas que preludiaron al consentimiento que la AFIP prestó para que se levantara la quiebra de la empresa y la identidad de los funcionarios que arribaron a esa decisión; las circunstancias que llevaron al organismo a no reclamar -por el transcurso de más de un año- a la contribuyente la adecuación a un nuevo plan de pagos, a pesar del rechazo del pedido original y de la restitución de la planta a favor de la concursada el día 8 de julio de 2011”, indicaron.
“En igual sentido, corresponderá al magistrado develar las particularidades que rodearon el acogimiento del plan de pagos y el otorgamiento del certificado fiscal a favor de «Compañía de Valores Sudamericana» con fecha 13 de diciembre de 2011, teniendo especialmente en cuenta que la firma había omitido declarar los intereses punitorios y resarcitorios que mantenía con la AFIP -equivalentes a $ 124.000.000-, siendo la irregularidad detectada recién el día 23 de febrero de 2012, es decir, dos semanas después de iniciadas estas actuaciones.”
Di Lello dijo que la Casa de Moneda está bajo la lupa por la suspensión de la compra de una máquina para imprimir billetes, lo que dejó vía libre al Estado para contratar a la ex Ciccone como proveedora, luego de que se levantara la quiebra.
