La gente marchó. Fueron decenas (o centenas, según quién lo mida) de miles personas en Capital Federal y en otros puntos del país. Marcharon en silencio. Marcharon en paz, pese a la extrema violencia verbal expresada previamente en las redes sociales por muchos de sus sitios convocantes. Los unió un reclamo de justicia y de que nunca más vuelva a ocurrir una muerte política como la del fiscal federal Natalio Alberto Nisman. Pero también, en la mayoría de los casos, porque están en contra del Gobierno nacional por diversas cuestiones que sobrepasan el deceso del fiscal y la investigación de la causa AMIA. Ante las preguntas de los periodistas que cubrieron la convocatoria, hubo reclamos concretos (contra la inseguridad, la inflación y los casos de corrupción, por ejemplo) y otros puramente ideológicos, sobre todo de parte de ese núcleo duro que aún en los mejores tiempos del gobierno kirchnerista jamás lo votó. La sociedad hoy se divide, políticamente, en tres sectores: el kirchnerismo y antikirchnerismo acérrimos y un tercer grupo que avala muchas políticas de este gobierno pero no ciertas actitudes. Este sector, que es el que mueve la balanza electoral, parece estar achicándose. Y las posiciones, volviéndose cada vez más encontradas.
Hasta diciembre, la postura de cambio con continuidad (que podía encontrar mayor eco en ese tercer sector) era la más aceptada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner gozaba de un piso del 35 por ciento de aceptación popular, una cifra nada despreciable luego del lógico desgaste de doce años de gestión K, de la cruenta guerra con el multimedios Clarín y del intento desestabilizador de los fondos buitres perpetrado el año pasado, que puso en jaque toda la renegociación de la deuda externa y llevó al país a una situación de cesación de pagos por las medidas tomadas por el juez Griesa. Pero hace un mes, la situación se tornó dramática para el oficialismo y el fantasma del golpe blando, que al principio podría haber parecido solo una fantasía oficialista, es cada vez más creíble. Al menos nueve argumentos abonan su existencia:
1 – El Gobierno nacional fue el principal perjudicado por la muerte del fiscal. Como publicó Noticias Urbanas apenas se conoció la muerte del fiscal Nisman, lo primero que hay que preguntarse es a quién esta benefició y a quién perjudicó. Está claro que el más perjudicado, además de la víctima, fue el Gobierno nacional. Los hechos; un mes después, confirman cada vez más esa apreciación. Miles de personas marchando en la calle, una caída de la imagen de la Presidenta en las encuestas, el arrastre hacia abajo para Scioli y el repunte de Macri. Si fue un asesinato y no un suicidio, el dicho “muerto el perro se acabó la rabia” no aplica para el caso Nisman. Todo lo contrario: su deceso le echó nafta a su denuncia. Porque a diferencia de un testigo clave, cuya muerte puede voltear una causa, si el fiscal desaparece, su trabajo puede ser recogido por otro fiscal, tal como finalmente ocurrió con Gerardo Pollicita. Al Gobierno le convenía defenderse de un Nisman vivo. No de un mártir. Cristina Fernández de Kirchner perdió alrededor de siete puntos de imagen positiva o más, según las encuestas que se consulten. Y si previo a la muerte de Nisman, en los tribunales federales la denuncia contra la Presidenta parecía un exceso, luego del tiro fatal es difícil que algún juez se atreva a cerrar la causa hasta después de las elecciones.
2 – La imputación a la Presidenta. El pedido del fiscal Pollicita de imputar a CFK, Timerman, Larroque y el resto de los acusados que figuraban en la investigación de Nisman prolonga la agonía oficialista en el tiempo, con el consecuente desgaste político del Gobierno nacional tanto en el plano nacional como internacional, en la que la Presidenta aparece denunciada como encubridora del terrorismo islámico, una cuestión que sensibiliza mucho más a la prensa internacional que las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción locales. El desprestigio al Gobierno argentino que tanto buscaban, entre otros, los fondos buitres, finalmente es un hecho.
3 – El encubrimiento inexplicable. Es la mecha que encendió todo. La presunta prueba de la denuncia de Nisman contra la Presidenta por encubrimiento en la causa AMIA fue el Memorándum de Entendimiento con Irán, que Cristina Kirchner impulsó en 2013, para crear una comisión que tomara declaración a los sospechosos iraníes del atentado y, según la acusación, los exculpara, supuestamente a cambio de la venta de granos y compra de petróleo para hacer frente al déficit energético nacional. Sin embargo, no hubo desistimiento de las “circulares rojas” de Interpol que pesaban sobre los cinco iraníes sospechosos (cuestión que debería haber solicitado el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, y no la Cancillería argentina, ya que no era su potestad) ni se produjo ninguna relación comercial rimbombante con Irán. Tampoco llegó a constituirse la Comisión de la Verdad que debía tomarles declaración a los sospechosos en Irán, porque la Justicia argentina declaró inconstitucional el Memorándum. ¿Cómo entonces se puede pensar en la comisión de un delito y hasta incluso redactarse un borrador pidiendo la detención de la presidenta en ejercicio de un país? Y además, si el Gobierno argentino buscaba un acuerdo comercial con Irán, le bastaba con dejar bajo un “paraguas” el tema AMIA (una fórmula que se utilizó con Inglaterra con la cuestión Malvinas y el reclamo de soberanía nacional) y que la causa no avanzara, ya que en nuestro país no se puede juzgar a los sospechosos en ausencia.
4 – El momento de los hechos. Después de un diciembre tranquilo (una rara avis en los años preelectorales), el cimbronazo llegó en enero, con la activación de la denuncia y la posterior muerte del fiscal. A los pocos días de los atentados terroristas ocurridos en Francia que conmovieron al mundo, pero también, visto desde el plano político local, con un tiempo prudencial para generar un clima de “espanto social” que favorezca la unión de la oposición. La foto de Macri y Carrió podría leerse en este escenario.
5 – La sospecha de la incidencia de la CIA y el Mossad. El politólogo Carlos Escudé, un hombre al que jamás podría tildárselo de kirchnerista y que siempre ha demostrado una fuerte simpatía por los Estados Unidos, acaba de sostener públicamente que Nisman recibía instrucciones de la embajada norteamericana, según datos publicados en WikiLeaks, que nunca fueron desmentidos. Después de más de veinte años y un encubrimiento monumental que llevó a foja cero el caso AMIA y a la conformación de una nueva causa sobre las maniobras para tapar el hecho, que tiene entre sus acusados al primer juez de la causa, Juan José Galeano; al expresidente Carlos Menem; al extitular de la DAIA, Rubén Beraja, y al entonces jefe de la Policía Federal, Jorge “el Fino” Palacios, aún todo sigue en la oscuridad. Mientras la investigación de Nisman apunta hacia Irán, cabe preguntarse: ¿qué pasó con la pista siria? ¿Qué pasó con la llamada “conexión local”? ¿Hubo realmente un coche bomba, que nunca nadie vio? ¿Fue Irán el responsable –o el único responsable– de la voladura? ¿O fue un ajuste de cuentas en un entramado de lavado de dinero por cuestiones de tráfico de drogas y armas en el que también estuvieron involucrados banqueros judíos? Y si fue el Hezbolá la organización que puso la bomba, ¿por qué nunca se hizo cargo del atentado? ¿Por qué, el exembajador israelí en Argentina, Rafael Eldad, avaló ante Mauricio Macri la designación del Fino Palacios al frente de la Policía Metropolitana, como confirmó años atrás a Noticias Urbanas el secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, ante la pregunta de la periodista Laura Di Marco? Demasiados interrogantes que siguen sin respuesta. Demasiados como para que en la mira mundial quede sindicada la actual presidenta argentina por encubrimiento… luego de veinte años de encubrimiento.
6 – La sospecha del accionar de un sector de la SI. Del enfrentamiento de Jaime Stiuso y el Gobierno nacional que llegó a su punto máximo tras la decisión del CFK de apartarlo de la ex-SIDE se escribió hasta el hartazgo. La medida gubernamental de disolver la SI y crear la AFI parece, a priori, auspiciosa, aunque con reservas. Sin embargo, no parece suficiente como para hacer frente al escenario político actual.
7 – La sospecha sobre el accionar de la Policía Federal. Las irregularidades en la custodia en los momentos previos y posteriores al crimen, descriptos también en este medio y ahora corroborados por la testigo Natalia Fernández, ponen de manifiesto el pésimo accionar de una fuerza sobre la cual recayeron las sospechas de haber colaborado con el encubrimiento de la causa AMIA, veinte años atrás.
8 – El borrador con el pedido de captura contra la presidenta. En él, Nisman pedía textualmente “la DETENCIÓN de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, de Héctor MARCOS TIMERMAN, de ANDRÉS LARROQUE (previo procesos de desafuero, remoción o juicio político, según corresponda, en virtud de sus respectivas condiciones de Presidente de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y Diputado Nacional -arts. 53, 59, 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional)”. No hay en la historia argentina ningún caso de detención de un primer mandatario en actividad. Para detener a un presidente, primero se lo debe destituir mediante un juicio político. Esto, con la cantidad de legisladores con los que cuenta el kirchnerismo en el Congreso, no pasaría jamás. A menos que se esperara su caída previa por otros medios.
9 – La deslegitimación y el descontento popular. La pueblada es el componente fundamental del golpe blando, que empieza con tácticas de deslegitimación de las autoridades (el eslogan, no por remanido menos efectivo, de que un gobierno democrático es una dictadura), el fomento del descontento social a través de presión sobre la economía, el impulso de causas judiciales con o sin fundamento utilizando como portavoz a medios enfrentados con el gobierno de turno, la promoción del caos y el miedo –se acaba de encontrar un explosivo ubicado en un container en el barrio de Villa Luro, que no llegó a detonar– y, finalmente, la explosión social. En este caso, todo parece orquestado hacia el desgaste prolongado del oficialismo para su derrota electoral en las urnas, en el mejor de los casos, o para la entrega adelantada del poder y el consecuente “aleccionamiento” a los nuevos mandatarios de lo que puede pasar si no se aplican determinados alineamientos y programas políticoeconómicos.
