Al Capone encabezó uno de los imperios mafiosos más importantes de la historia, allá por los años 20, cuando en Chicago (Estados Unidos) eran tiempos de la Ley Seca. Contrabando, prostitución y muertes fueron algunos de los ingredientes principales de ese cóctel delictivo que supo organizar. Sin embargo, no fue por ninguno de esos delitos por los que terminó arrestado. La excusa que encontró la Justicia norteamericana en 1931 para condenarlo a once años de prisión fue, simplemente, el delito de evasión fiscal.
Ochenta y cuatro años después de este emblemático caso para la historia del crimen organizado, una situación similar se vive en nuestro país.
Luego de decidir su apartamiento de la SI, el Gobierno nacional parece decidido a meter al exjefe de Operaciones del organismo de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, tras las rejas. Es por ello que el titular de “La Casa”, Oscar Parrilli, presentó este martes una denuncia por contrabando y evasión impositiva contra el exespía. Delito que el exdirector de Contrainteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez, confirmó a Noticias Urbanas, al indicar que Stiuso “utilizaba distintas compañías personales para usufructuar contrataciones del Estado”.
Asimismo, Velázquez recordó: “En 2007 yo presenté el informe a algunos diputados en los que se daba cuentas de las actividades de Antonio Horacio Stiuso”. A lo que agregó: “Cuando con algunos de ellos se decidió objetar la famosa ‘Ley Espía’ que Stiuso quiso imponer a sangre y fuego en el Congreso, y en la cual se obligaba a las prestatarias de servicios a almacenar por un plazo de 10 años todas las telecomunicaciones de los ciudadanos argentinos, descubrimos que el negociado era directo con empresas ‘privadas’ vinculadas a la ex-SIDE; por ese entonces, de haberse aprobado la ley, Stiuso se hubiera transformado en proveedor directo del Estado, ya que su plan era, una vez aprobada la norma, proveer de la infraestructura necesaria para el almacenamiento y análisis de las comunicaciones”.
–¿Qué cree que busca el Gobierno con esta denuncia?
–Perseguirlo. El Gobierno, tardíamente, se dio cuenta de que Stiuso no solo realizaba aprietes a los políticos y manejaba relaciones paralelas con embajadas a espaldas de los canales oficiales, sino que alrededor suyo había bandas que están detrás de la protección de narcos, la trata de personas, la prostitución, el contrabando, y que tienen hasta pistas clandestinas de aterrizaje. Digo tardíamente, porque el exministro Gustavo Beliz y otros venimos denunciando a Stiuso hace una década. Por eso, aunque el Gobierno ahora busque limpiar su imagen, el cambio debería haberse hecho hace 10 años. El otro objetivo del Gobierno es desarticular la interacción entre estas bandas operativas y sectores facciosos de la Justicia, que con la disolución de la ex-SIDE se quedan sin Stiuso como protector y sin los abultados sobres de fondos reservados.
–Usted fue director de Contrainteligencia de la PSA, ¿qué pudo haber contrabandeado Stiuso? ¿Cómo se configura este entramado mafioso?
–Stiuso pudo haber contrabandeado lo que sea. La Aduana en Ezeiza y las “bajadas” de mercadería son imposibles de controlar en su totalidad, máxime cuando hay empresas privatizadas y tercerizadas de por medio. La PSA ha tenido cruces muy duros por la presencia de efectivos de la fuerza en zonas de la Aduana y esto ha sido motivo de discusiones en los más altos niveles. Tanto la Aduana como la ex-SIDE tienen zonas en las que nadie se atreve a entrar, basta preguntarle al exfiscal Pablo Lanusse. No se olvide que quien controla el acceso a un país controla todo. La Aduana es una institución muy permeable a la Secretaría de Inteligencia, si tenemos en cuenta que Alejandro Patricio, socio y mano derecha de Antonio Stiuso, era enlace de la SI en Ezeiza y se manejaba como si fuera el dueño del Aeropuerto. El contrabando exige una estructura logística que se encargue desde el tema burocrático y falsear permisos hasta del transporte (distribución). Imagínese las dimensiones de esta organización y los crímenes relacionados con testigos de las mafias operativas en la Aduana. La PSA ha tenido varias muertes sospechosas relacionadas al tema contrabando. El límite lo imponen la impunidad y el “no te metas”. Hasta ahí llegan las mafias.
–¿El Ejecutivo no sabía de esto? ¿Y la Justicia?
–Si el tipo de los servicios llevaba un informe de inteligencia diciendo que no pasaba nada o desde el Gobierno hicieron la vista gorda, no lo sé. El Ejecutivo pudo haberlo sabido como no. Puertas adentro del organismo, el secretario de Inteligencia y el subsecretario son figuras netamente protocolares. Lo que pasa abajo es secreto. A veces no hay forma de que ni el Presidente de turno esté al tanto de lo que sucede. ¿Quién va a investigar a la Secretaría de Inteligencia? En cuanto a la Justicia, al menos de los casos que tengo conocimiento por mi paso por la PSA, varios jueces bonaerenses y federales están involucrados directamente con estas maniobras y puntualmente con Horacio Stiuso y Germán García.
–¿Es cierto que su principal enfrentamiento con Stiuso fue a raíz de esta práctica delictiva?
–Mi enfrentamiento con Stiuso arranca en 2005, cuando me alejé de la Secretaría de Inteligencia porque se vivía un clima mafioso y todo lo que se hacía era espionaje político. Cuando decidí dejar las tareas de inteligencia para pasar a la intervención de la PSA fue el cortocircuito que detonó la guerra. Ya que él no quería quedarse sin la tecnología y el conocimiento para realizar ciertas tareas de inteligencia doméstico, interno. Después, el enfrentamiento se profundizó en lo práctico con la invención de causas judiciales en mi contra y cuando comenzamos a trabajar sobre la mafia que él lideraba en Ezeiza. En ese momento, comenzaron las amenazas de muerte y el armado de una causa por espionaje.
–¿Por qué Stiuso quedó dentro del sistema y usted autoexiliado en Uruguay?
–Me anticipé a su maniobra y salí a tiempo, porque Stiuso quería darme a mí y a mi gente el mismo final que tuvo el “Lauchón”. Tuvimos enfrentamientos a los tiros y vivimos momentos muy tensos. Cuando vieron que no cedía, tuvieron que inventarnos una causa por espionaje armada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex de (el fiscal Alberto) Nisman que hoy está en la mira de la Justicia por su vinculación con estructuras de lavado de dinero y del narcotráfico, como es de público conocimiento. Cabe destacar que con esta propuesta le fueron al fiscal Carlos Stornelli y al juez Daniel Rafecas, quienes declinaron de participar de una causa armada.
–¿Cómo cree que terminará esta historia?
–Con Stiuso peleando por frenar su extradición desde Uruguay a la Argentina. Curioso para alguien que en las últimas horas dice que yo lo amenacé de muerte y dispara a esconderse donde yo resido.
