El proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue aprobado durante la madrugada de este jueves con 131 votos afirmativos gracias al apoyo del bloque del Frente para la Victoria y sus tradicionales aliados del Frente Cívico por Santiago del Estero y Frente Nuevo Encuentro.
Además, el bloque oficialista contó con el apoyo de Alicia Comelli y Adrián San Martín, ambos del Movimiento Popular Neuquino, el moyanista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo) y la ex piquetera del MIJD de Raúl Castells, Ramona Puchetta (Frente por la Inclusión Social).
A la hora de la votación, el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, cedió la conducción de la sesión a Norma Abdala de Matarazzo (Frente Cívico por Santiago), y se ubicó en su banca para apoyar el proyecto del Gobierno.
Dentro de los 71 votos negativos se aglutinaron los diputados por la UCR, el Partido Socialista, GEN, Coalición Cívica, Unidad Popular, Unión por Córdoba, Compromiso Federal, Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.
En tanto, el bloque por Unión Pro participó en forma parcial en la votación, mientras que no hubo representantes del Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa, ni de los aliados al massismo.
Tampoco estuvo presente la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI), quien al momento del debate tuvo fuertes críticas a la propuesta e incluso promovió “eliminar” la Secretaría de Inteligencia (SI).
Entre los precandidatos presidenciales enrolados en los bloques de la oposición que intervinieron en la votación, Julio Cobos (UCR), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Víctor De Gennaro (Unidad Popular), todos votaron en contra de la propuesta.
El socialista y precandidato presidencial por el Frente Amplio Unen, Hermes Binner, quien estuvo durante la tarde en el recinto, no participó en la votación.
Los principales puntos de la nueva ley
-La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional.
-Será conducida por un director general que tendrá rango de ministro y que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
-También tendrá un subdirector general que tendrá rango de secretario de Estado.
-El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
-La AFI deberá quedar constituida en el plazo de 120 días.
-Se transfiere a la órbita de la AFI el personal, bienes, activos y patrimonio de la Secretaria de Inteligencia, como así también la competencia y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad.
-La tarea de la AFI estará limitada a la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
-La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.
-Las actividades de inteligencia serán ordenadas por las máximas autoridades de cada organismo. En caso de urgencia, podrán ser iniciadas, debiendo ser informadas de manera inmediata a las autoridades máximas de cada organismo de inteligencia.
-La Procuración General será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
-La relación de la AFI con otros organismos del Estado o funcionarios sólo podrá ser ejercidas por el director, subdirector o la persona designadas por las autoridades.
-La desclasificación de información, documentos o material no podrá ser inferior a los 15 años a partir del momento que se dispuso su clasificación.
-Se establece un Banco de protección de datos y archivos de inteligencia, que estará a cargo de “un funcionario responsable de garantizar las condiciones y procedimientos de recolección y almacenamiento”.
-Se establecen penas de 3 a 10 años a aquellos agentes que transfieran, capten o intercepten “indebidamente” información derivada de las tareas de inteligencia.
