Basura: problema que no se resuelve, doble problema

Basura: problema que no se resuelve, doble problema

Por Horacio Ríos

Los intendentes del Conurbano –esta vez fue el de San Miguel– presionan para cerrar los predios en los que se entierran los desechos. Mientras, la Ciudad incumple con la Ley de Basura Cero.


La historia ocurre así: una tropa de caballería inglesa avanza gallardamente por un valle, mientras unos horrorosos sujetos tocados con turbantes (?) los acechan desde las alturas, escondidos entre las rocas. Cuando la emboscada está a punto de ser perpetrada, repentinamente un corneta aparece en la cima y hace sonar su toque de alerta. Al escucharlo, sus compañeros logran cubrirse para repeler el ataque, mientras que los facinerosos balean sin piedad desde todas partes al valiente músico, que es indio como ellos. Parodiando a Gunga Din –una película “seria”–, Peter Sellers, el trompeta de La fiesta inolvidable, se yergue y cae sucesivamente, sin morir nunca, sacando de su instrumento notas absurdas, producto de su agonía heroica.

Como aquel Gunga Din apócrifo, que resucitaba una y otra vez para hacer escuchar su trompeta a pesar de sus heridas, Buenos Aires sigue manteniendo con vida el problema de la generación de residuos sólidos urbanos, que en el año 2012 deberían haber sido reducidos a 750 mil toneladas –el tope fijado en la Ley de Basura Cero, sancionada en 2005–, aunque a la fecha esa meta está lejos de ser alcanzada y se mantiene en casi el triple de aquella cifra. Lo más grave es que en 2020 ya ningún residuo seco podrá ser enterrado.

Para peor, el problema del enterramiento –que se realiza en los Centros de Disposición Final– se agrava por la oposición de los intendentes bonaerenses a que se radiquen en sus distritos estos centros, debido a la protesta de sus vecinos, que no quieren soportar los olores y la contaminación que, según denuncian, provocan.

Lex dura sed lex

El 24 de noviembre de 2005 la Legislatura porteña aprobó la Ley Nº 1.854, de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que luego fue más conocida como Ley de Basura Cero, que vivió desde el comienzo un accidentado proceso, en cuya culminación se suponía que los residuos iban a ser convertidos en materiales reciclables.

La ley fijó plazos razonables para disminuir los niveles de enterramiento en la provincia de Buenos Aires, aunque exigía el compromiso de los sucesivos gobiernos para su cumplimiento, que estos jamás tuvieron.

Tomando el volumen de basura enterrado en 2004, que fue de un millón y medio de toneladas, los legisladores solicitaron que se disminuyera el volumen en un 30 por ciento para el año 2010 (donde se deberían haber enterrado un millón de toneladas); luego, se debería haber disminuido un 50 por ciento para el año 2012 (750 mil toneladas) y un 75 por ciento para el año 2017 (375 mil toneladas).

Finalmente, en el año 2020 quedaría terminantemente prohibido enviar a la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) residuos reciclables o aprovechables.

Pero, si bien en los papeles está todo muy bien, los gobiernos que pasaron por la Ciudad eludieron cíclicamente el cumplimiento de la Ley de Basura Cero.

Las estadísticas de la verdad

En 2006 se enterraron en Norte 3 (el Centro de Disposición Final lindante con Campo de Mayo) 1.536.453 toneladas; en 2007, 1.645.368 toneladas; en 2008, 1.844.018 toneladas; en 2009, 1.847.748 toneladas; en 2010, 2.110.122 (lo que significa 5.780 toneladas diarias), y en 2011 llegó el récord: 2.277.772 toneladas, sin que nadie se pusiera colorado. En 2012, las cifras superaron levemente a las de 2011 y llegaron a 2.330.000 toneladas.

Estos fríos guarismos son, sin embargo, bastante calientes: significan que en el año 2010, Macri enterró 5.780 toneladas diarias y en 2011 la situación se agravó al enviar a enterramiento 6.240 toneladas por día. Esta diferencia significó un incremento en el volumen de los residuos enterrados del 11 por ciento con respecto a 2010, una cifra similar –o un poco menor– a la de 2012.

Desde entonces, tomando conciencia de que el problema se le iba de las manos –el primer ministro de Ambiente y Espacio Público de Macri, Juan Pablo Piccardo, despreciaba los argumentos de los autores de la Ley de Basura Cero–, Diego Santilli –sucesor de Piccardo y actual senador– comenzó un proceso de contenerización, que es muy necesario, pero no termina con el problema.

En el plan de manejo que desarrolla la administración Pro faltan los únicos aliados que garantizan que la propuesta funcione, los que deberían haber sido convocados desde el primer momento: los porteños.

Nunca aprovechó el Gobierno de la Ciudad el acceso de que dispone a las escuelas que están bajo su control para concientizar a los chicos –se sabe que ellos son los multiplicadores de las propuestas que tienen que ver con la ecología y el medio ambiente– sobre la necesidad de encarar las tres erres: reciclar, reutilizar y reducir.

Tampoco aprovechó el GCBA la distribución de las facturas de ABL, Patentes e Ingresos Brutos para adjuntar los folletos explicativos acerca de la manera de utilizar los contenedores que se instalaron en los barrios, en los que la gente tira cualquier cosa, ya que desconoce para qué sirven y, al no tener conciencia, se muestra poco interesada en conocer su utilidad.

Ni siquiera hay todavía una campaña gráfica y audiovisual de concientización que vaya más allá de la inútil y costosa “Jugá limpio”, que no se sabe para qué sirvió.

No existe tampoco una campaña para concientizar a los porteños sobre la separación en el hogar de los residuos reutilizables, como papel, cartón, metales, plásticos, latas y pilas descartables, entre otros.

Además, se les podría agregar a todos estos ítems la educación a la población para enseñarle las desventajas sobre ensuciar las calles y los lugares públicos, que es una gran deuda que los desaprensivos porteños tienen con su propio medio ambiente y que hasta ahora ningún gobierno encaró.

Sobre llovido, mojado

El predio Norte 3, el Centro de Disposición Final al que van a parar los residuos porteños, está situado a la vera del Camino del Buen Ayre, en el límite de los partidos de San Miguel y San Martín.

Precisamente, el jefe comunal de San Miguel, Joaquín de la Torre, se refirió una vez más a un problema que parece no tener fin, anoticiado de que se ampliaría el vaciadero. En ese sentido, destacó: “Ni el Gobierno de la Ciudad ni el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cumplieron con su palabra de reducir la basura. Sus responsables políticos van a dejar el gobierno sin haber solucionado el problema. La única idea que tienen es ampliar el relleno, porque los módulos A, B, C y Norte 3 C no dan abasto con las 17 mil toneladas diarias que reciben. Hace siete años dijimos que no, hace cinco y hace tres reiteramos nuestra negativa, y ahora, obviamente, mantendremos la misma postura”.

Preocupado por las noticias, De la Torre aseguró: “No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, agregar un módulo nuevo ni autorizar la unificación de los dos existentes con una montaña que no estaba prevista en el plan original. Eso ya lo hicieron en Domínico y los resultados están a la vista. Fue un desastre. Se hace insostenible que los vecinos de San Miguel, San Martín, Tigre, Tres de Febrero, Hurlingham y Malvinas Argentinas tengan que levantarse y acostarse oliendo la basura”.

Como De la Torre pertenece al Frente Renovador, se sintió obligado a aclarar: “Que nadie piense que esto es una cuestión política”. Y subrayó: “El que tenga dudas, que lea mis declaraciones sobre este tema durante los últimos siete años y verá cuál ha sido siempre mi posición. Tanto el Gobierno de la Ciudad como el provincial saben lo que San Miguel ayudó para tratar de solucionar el problema. Sin embargo, ellos no cumplieron con su palabra”.

Ya en 2012, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había reclamado a la Presidenta por la ampliación de Norte 3, un reclamo que fue desoído por el Gobierno nacional.

El futuro deberá incluir tres erres

En la Ciudad de Buenos Aires no es posible disponer los residuos de manera eficiente por la falta de terrenos disponibles. Esta situación vuelve cautivo al Gobierno porteño de las exigencias de sus vecinos bonaerenses, que deben recibir sus desechos sin beneficio de inventario.

Actualmente se reciben en el predio de la Ceamse 17 mil toneladas diarias de basura, de las cuales unas 4.000 –o algo menos– pertenecen a los porteños. La cifra total surge del descarte de productos que efectúan casi 15 millones de argentinos, incluyendo a los porteños.

Si esa cifra no se reduce a la mitad en un plazo de tres años, Norte 3 habrá colapsado en poco tiempo más. La planta de tratamiento de residuos que Mauricio Macri y Daniel Scioli inauguraron en enero de 2013 en el centro Norte 3 es insuficiente, además, porque allí se trata la basura que no es previamente separada, que no es lo que recomiendan los expertos. El problema es que allí muchos residuos secos, al mezclarse con los orgánicos, se mojan o contaminan y ya no sirven para ser reutilizados por la industria.

Cada vez que parece que se va a encaminar, el problema resurge, si no en la boca de los funcionarios porteños, en la del gobernador bonaerense, Daniel Scioli o, como en este caso, en la de los intendentes, a los que sus vecinos suelen encender como fuego con sus protestas.

La única manera de permitirle al trompetista apócrifo un pacífico descanso sería que la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos sea cumplida a rajatabla, porque si no la Ciudad, ante la presión de los habitantes del Conurbano y las autoridades zonales, podría verse obligada a enterrar sus residuos en su propio territorio, con consecuencias imprevisibles.

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