El ex ombudsman porteño, Antonio Cartañá, acompañado por Jorge Zatloukal, presentó un recurso de amparo ante la justicia para exigir que el Gobierno porteño haga efectivo el fin del contrato de las empresas SEC y STO, que detentan la concesión del estacionamiento medido en el microcentro.
El contrato con ambas empresas fue diseñado por el ex intendente Carlos Grosso y entró en vigencia el 1º febrero de 1991. La extensión del acuerdo era por diez años, con opción a dos períodos más, de cinco años cada uno. La opción significa que una de las dos partes puede dar por terminado el vínculo unilateralmente, por la razón que sea.
El 1º de marzo de 2001, el contrato se terminó. Fue entonces que el Gobierno porteño le pidió a la Procuración General que emitiera dictamen sobre la posibilidad de extenderlo por medio de una Resolución, pero ésta, por medio del dictamen Nº 5026, del 17 de diciembre de 2001, sostuvo que en relación a la continuidad de hecho de la concesión "ese proceder altera la trasparencia que debe tener la Ciudad con sus proveedores y contraría la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado".
La acción de Cartañá y Zatloukal fue presentada en el fuero Contencioso Administrativo porteño y quedó radicada en el Juzgado Nº 8, a cargo de Osvaldo Otheguy, que el 5 de junio dispuso citar al representante del Gobierno de la ciudad en el plazo de 10 días. También hizo lugar al pedido de citar al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, al que le fijó un plazo de 5 días para hacer presente en el juzgado.
"En estos momentos, las empresas funcionan de hecho. No hubo licitación, no hubo prórroga, simplemente, se quedaron", se indigna Cartañá.
UN POCO DE HISTORIA
Cuando recién comenzaban sus contratos, en los primeros mese de 1991, las empresas ganaban alrededor de 19 mil pesos por día. Todo como producto del accionar de las grúas, que cada día se llevaban 80 autos y de los 200 cepos con que aprisionaban incautos en el mismo lapso.
En 1996 Fernando de la Rúa asumió la jefatura de Gobierno y se encontró con el contrato entre la Ciudad y las empresas en plena vigencia, amenazó con rescindirlo, pero SEC y STO pidieron 200 mil pesos de indemnización y entonces nadie volvió a hablar del tema.
En aquel entonces, había 5750 parquímetros instalados en el radio delimitado por las avenidas Belgrano, Huergo, Madero, Libertador, Pueyrredón y Jujuy.
Posteriormente, de la Rúa fue electo presidente y -tras el breve "intermezzo" de Enrique Olivera, que completó su mandato- llegó Aníbal Ibarra a la jefatura de Gobierno. Lo primero que hizo fue desactivar los cepos y prometer que no iba a haber más parquímetros.
Pero, poco tiempo después, daba marcha atrás. El propio Abel Fatala, que ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos desde la gestión Olivera, anunciaba el 16 de septiembre de 2000 que en octubre de ese año se llamaría a licitación para reemplazar a SEC y STO. Al mismo tiempo, Fatala anunciaba que "en octubre empezará una campaña para que los automovilistas vayan tomando conciencia de que no se podrá estacionar en toda la zona céntrica".
Finalmente, el Gobierno tomaba la decisión, según lo reflejaba el matutino porteño Página 12 el 19 de octubre, de no renovar las licencias de explotación del servicio en poder de las empresas, pero sin anunciar, aún entonces, la licitación prometida. De todos modos, nuevamente habría una marcha atrás. No hubo licitación y tampoco se renovaron las licencias. El contrato venció y las empresas simplemente siguieron trabajando normalmente, sin que nadie se sintiera aludido por cuestionamientos ni por denuncias.
Un tiempo antes, en abril de 1999, un incidente daba cuenta -literalmente- de la temperatura que tomaba el descontento de los porteños para con el sistema. Una grúa de STO se llevó un Ford Sierra, a pesar de que un cartel avisaba que se había quedado sin nafta. Cuando Hernán Irigoyen volvió con el bidón se enteró de lo que había pasado y partió en busca de su auto.
"Dame el auto o te quemo", le dijo al empleado de STO que lo atendió.
El policía no tuvo tiempo de nada. Irigoyen, poseído por la furia, roció de nafta la casilla y le prendió fuego. En junio del 2000 un tribunal lo condenó a dos años de prisión en suspenso, con la condición de que se pusiera bajo tratamiento psicológico. De todos modos, tanto como la casilla de STO, quedó en cenizas la confianza de los porteños en el sistema de tránsito y en las autoridades del área.
De todos modos, los problemas del tránsito y del estacionamiento -más allá de los estrados judiciales- seguirán sin resolverse. Lo que sí es seguro es que el sistema que implementó Grosso en 1991 significa una solución sólo para el bolsillo de unos pocos vivos, para quienes el tránsito es sólo una forma de enriquecerse a costa de los sufridos porteños.
