“La primera vía para apelar esa sentencia es el recurso extraordinario ante la Corte, que debe presentarse ante el mismo Tribunal Superior para que le dé curso. El tribunal no analiza el escrito sino que solamente ve si cumple las formalidades para que lo resuelva la instancia superior”, explicó Demián Konfino, abogado del Observatorio.
Y si no se logra presentar la apelación por este camino, “hay una segunda vía que es presentar un recurso de queja directamente a la Corte”, advirtió.
Los detalles serán explicados mañana en una conferencia de prensa prevista para las 9 en la sede de UTE situada en Bartolomé Mitre 1984, PB; donde participarán y darán su apoyo representantes del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, UTE-CTERA, H.I.J.O.S, APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE (Germán Abdala), Comité de Salud, Ética y Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos.
La causa fue iniciada en 2010 a partir de un amparo presentado por el Observatorio contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”.
Esta medida logró dos fallos judiciales favorables, en primera y segunda instancia, pero hace dos semanas un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño revocó la resolución que impedía su uso y autorizó a equipar a la Policía Metropolitana con estas armas.
“No vamos retroceder en nuestra historia y permitir que nuestras policías tengan permiso legal para torturar”, advirtieron en un comunicado.