Por medio de un convenio que firmaron el 23 de mayo de 2000 el entonces ministro de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra y el jefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de un lastre que ya el ministerio de Gil Lavedra no estaba dispuesto a seguir sosteniendo: la Unidad 22.
A partir de entonces, bajo el pomposo nombre de Cárcel de Contraventores, el establecimiento les hizo lugar a sólo tres detenidos durante el año 2001, que se alojaron allí durante 17 días.
Entre los años 2000 y 2001, el Gobierno porteño gastó 856.556,24 pesos, según un informe oficial elaborado por las autoridades. Allí figuran algunas curiosidades que es necesario destacar: en el año 2000 prestaban servicios en la Cárcel de Contraventores 18 agentes penitenciarios "para servicio diurno" y 15 "para servicio nocturno", en tanto que se les abonaba salario a un alcalde y a dos subalcaldes. Durante ese año, los porteños abonaron 51.331,37 pesos por mes para sostener a los que quebrantan la ley -y a sus guardias-.
En el año 2001, la crisis económica, la realidad social y la falta de infractores que vulneraran las normas con cierta asiduidad generaron un fuerte ahorro en las partidas presupuestarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año pasado disminuyó sensiblemente la cantidad de carceleros, que fue desde entonces de cuatro por turno. También bajaron los costos mensuales, que ya no fueron mayores a los 35 mil pesos mensuales, y que incluso llegaron -en los últimos meses del año- a los 13 mil pesos cada 30 días. En resumen, en el año 2001, los contribuyentes porteños aportaron 240.579,80 pesos para sostener la cárcel.
A estas sumas habría que adicionarles los gastos originados por las obras que se efectuaron en el lugar y los cursos de capacitación que recibieron 150 guardiacárceles, que se suponía que iban a controlar a las amplias masas infractoras. Más aún, las obras que realizó el gobierno porteño incluyeron un sector para travestis, que prácticamente no fue utilizado.
