El 9 de noviembre del año pasado, la Legislatura de la Ciudad aprobó un pedido de informes al gobierno porteño, presentado por las diputadas Alicia Pierini (FREJU) y Marta Oyhanarte (Acción por la República), por el que se le solicitó al Poder Ejecutivo que aclarara la manera en que estaba realizando el registro de los montos correspondientes a las contrataciones.
Las sumas acordadas que, por su magnitud, se consideren "relevantes" deben, según el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad, ser registradas en una base de datos, bajo pena de nulidad de los respectivos contratos. Además, el acceso libre y gratuito a la información debe estar garantizado.
"Cuál es el monto que se ha determinado como relevante (a partir del que todo acto patrimonial debe registrarse)", "cuál es la dependencia administrativa que lleva el registro", "cuántos y cuáles actos se registraron hasta la fecha" y "si se previó alguna forma de acceso fácil a este registro, como por ejemplo Internet, para garantizar las consultas públicas", fueron algunas de las preguntas que la Legislatura le efectuó al gobierno porteño.
Sin respuestas
La contestación del Poder Ejecutivo llegó al parlamento porteño el 26 de marzo de 2001. En el expediente, firmado por el director de la contaduría general, Rodolfo Distel, se afirma que el gobierno cumple con la Constitución, ya que "registra los contratos en el Sistema 2000". Sin embargo, se aclara que se trata de la suma total, sin la determinación de los montos por contratación, debido a que éstos no se encuentran discriminados.
Luego de esta explicación, la Contaduría pasa a contestar una por una las consultas efectuadas. "Se ha contemplado la posibilidad de colocar la información en el sitio web de Internet", es la respuesta que se da a la inquietud planteada por los legisladores acerca de las garantías de acceso a los datos por parte del público. Pero esta información que, según puede leerse, se planea publicar, plantea el problema de su inexistencia porque, tal como figura en el expediente, aún no se ha establecido el monto a partir del cual se debe considerar "relevante" la contratación a registrar.
La serie de respuestas continúa en esta tónica a lo largo de todo el documento: se afirma que la dependencia administrativa encargada de llevar a cabo el registro debe ser la Contaduría General (a través del programa denominado "Registrar la Ejecución de la Gestión", pero luego se aclara que no hay una fecha determinada para su puesta en funcionamiento. Y en respuesta a cómo será el diseño de la base de datos, figura un lacónico "aún no se ha determinado el formato que tendrá el registro ni la funcionalidad de la consulta".
Pasaron siete meses desde que se hizo efectiva esta contestación gubernamental y aún no hay novedades al respecto. Por esta razón algunos diputados piensan que lo mejor será que la Legislatura sancione una ley que establezca el monto a partir del cual debe efectuarse el registro de las contrataciones. Algo que, según la diputada Pierini, "podría haberse hecho por decreto si el gobierno hubiera estado realmente interesado en solucionar la cuestión".
