El 25 de octubre de 1991, el que era por entonces intendente porteño, Carlos Grosso, adjudicó -por medio del decreto 4.894, que fue publicado en el Boletín Municipal Nº 19.160- "la Licitación para la Concesión de Obra Pública para la Construcción de Estacionamientos Subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires, en relación a la Playa de Estacionamiento y Obras complementarias situadas en avenida Cerrito y avenida del Libertador a la Empresa Plaza Intendente Alvear S.A.".
Esta supuesta playa de estacionamiento nunca se construyó tal cual lo estipulaban los pliegos de la licitación. En su lugar se erigen hoy una estación de servicio que lleva el logotipo de una empresa petrolera anglo-holandesa, para la felicidad y la complacencia de la argentina princesa de Holanda, Máxima, y una galería comercial.
Toda esta parafernalia comercial estaba -y está- al amparo del trazado de la Autopista "Presidente Arturo U. Illia", cuya sola existencia pareciera ser un compendio de irregularidades y de actos reñidos con las normas más elementales de la legalidad.
No pasó mucho tiempo -algo menos de un año- para que el Concejo Deliberante de aquel tiempo saliera al cruce del despropósito que se estaba gestando a marcha acelerada. Para entonces, la empresa Plaza Intendente Alvear S.A. construía -saltando elegantemente por sobre toda la batería dispositiva del decreto 4.894/91- la estación de servicio y los locales que, según los planos originales, debían conectarse con el cercano Hotel Hyatt Regency mediante un túnel.
El 17 de septiembre de 1992, el parlamento porteño paralizaba -por medio de la Ordenanza 46.211- "la obra en construcción en el predio sito en Av. Libertador entre Cerrito y Carlos Pellegrini, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2.4.5. (AD 630.16) del Código de Edificación".
En el debate que precedió a la votación, el concejal Aníbal Ibarra se expresó en duros términos sobre la actitud del gobierno comunal. "Creo que no hay ninguna duda ya sobre la ilegalidad de la obra, sobre el peligro que representa y sobre la indiferencia -casi diría complicidad- del Departamento Ejecutivo con respecto a su realización".
Grosso, haciendo gala de una celeridad que no le era habitual, en menos de un mes vetó la Ordenanza por medio de otro decreto: el que llevó el Nº 2.501/92, que se emitió el dos de octubre y se publicó en el Boletín Municipal el nueve de octubre de 1992.
En los considerandos de este decreto, el Departamento Ejecutivo hacía referencia a dos ordenanzas promulgadas por la dictadura. En la primera -la que llevaba el número 33.387/76- se aprobaba el nuevo Código de Planeamiento Urbano, en tanto que por medio de la otra -la Nº 34.216/78- se aprobaban las bases y condiciones para el llamado a concurso de la Autopista "Presidente Arturo U. Illia", que fue la madre de tantos desatinos, entre ellos el de la estación de servicio que estamos mencionando.
UN PODER EJECUTIVO SORDO Y MUDO
Hay una larga lista de transgresiones que cometieron el Gobierno porteño y la empresa Plaza Intendente Alvear.
En primer lugar, el Gobierno no contestó varios pedidos de informes de los concejales, que le preguntaban acerca de una serie de infracciones que se cometían al realizar la obra de la manera en que se la estaba realizando.
Algunos de los puntos eran: 1) la zona en la que se estaba construyendo la estación de servicio estaba catalogada como de Renovación Urbana (RU), que no contemplaba la autorización de obras de ese tipo; 2) está expresamente prohibido construir sobre las estaciones de servicio y en este caso, se estaban construyendo 44 cocheras en el techo de la gasolinera en cuestión; 3) aunque el límite de capacidad de almacenaje de combustible en la Ciudad es de 50 mil litros, en el caso de esta estación de servicio, los concesionarios tenían proyectado llegar a 180 mil.
EL PODER EJECUTIVO ACTUAL TAMBIÉN PADECE DE SORDERA Y DE MUDEZ
Existen tres temas de fondo que agravan los hechos que se perpetraron entre 1991 y 1992. El primero, según lo expresó entonces el propio concejal Aníbal Ibarra, fue "la política de los hechos consumados". Se refería a un Poder Ejecutivo que, mientras se mantenía en silencio frente a cuestionamientos técnicos que poseían una sólida fundamentación, permitía que la obra continuara e, incluso vetaba una Ordenanza que la paralizaba, emitida por los representantes del pueblo.
Pero hay dos puntos fundamentales, que hacen que los hechos ocurridos rocen el escándalo: en primer lugar, se licitó un proyecto y luego se modificó la naturaleza de la licitación mencionada. Este procedimiento administrativo, sumamente grave, se utilizó también en el transcurso de las obras de la Autopista Illia.
El segundo punto es una cuestión jurídica, pero también de sentido común, dos elementos que deberían ser siempre concordantes, aunque muchas veces no lo son. En todo el mundo está prohibido -por razones de estricta seguridad- la construcción de estaciones de servicio bajo las autopistas. Ni siquiera es necesario explicar las razones. También en todo el mundo está prohibido construir sobre el techo de las gasolineras, aunque en ésta que nos ocupa haya 44 cocheras.
Tampoco en este caso es necesario explicar las razones. Lo que sí debería ser explicado es porqué el concejal Aníbal Ibarra cuestionó tan duramente al Poder Ejecutivo en aquella ocasión -hace diez años- y porqué, ahora que lo ocupa, se muestra tan complaciente con los ejecutores de aquella obra.
