La cantidad de anuncios realizados por la presidenta Cristina Kirchner a través de la cadena nacional en los últimos tiempos puso en el ojo de la tormenta la conveniencia de uso. En lo que va del año, la jefa de Estado se dirigió a los argentinos a través de ese medio en 18 oportunidades. Sin embargo, según el artículo 75 de la ley de Medios sancionada por el oficialismo en 2009, “el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”.
En consecuencia, el diputado socialista y candidato a legislador porteño por el Frente ECO, Roy Cortina, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados en el cual establece que la utilización de la cadena de radiodifusión nacional o provincial “en ningún caso” podrá “superar los 10 minutos de duración”.
Además, señala que solamente se podrá recurrir a ellas “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. La iniciativa, que también firman Hermes Binner (PS) y Mario Negri (UCR), plantea la modificación del artículo 75 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El proyecto prohíbe especialmente el uso de la cadena nacional para “publicitar la realización de eventos inaugurales de obras públicas y la implementación de planes de alcance colectivo”.
También veta su utilización para “difundir información engañosa o superflua; inducir a situaciones de violencia social; promover explícita o implícitamente de los intereses del partido de gobierno y/o la imagen positiva de funcionarios/as públicos; promover la captación del sufragio a favor de candidatos a cargos públicos electivos, quienes tienen vedado aparecer; e instalar una impresión negativa respecto de personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil”.
La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, establece que las autoridades y funcionarios que incumplan con la normativa serán pasibles de una multa equivalente a tres meses de su salario sin perjuicio.
