El Hogar Septiembre es una especie en extinción en la Ciudad de Buenos Aires. Fundado en 1993, en Mario Bravo 945, se encarga de la atención de personas con discapacidades severas y profundas, es decir, que precisan cuidado personalizado y, prácticamente, a todo momento. O, mejor, habría que decir que la institución del barrio de Almagro se encargaba, mediante el trabajo integral de médicos, psicólogos, terapistas y talleristas de rubros como música y pintura, porque, como están las cosas al cierre de esta edición, el establecimiento se encuentra virtualmente cerrado: ya no quedan, de las 26 personas que lo habitaron en el último tiempo (muchas desde hacía diez, quince, incluso veinte años), más que dos pacientes allí, que en breve se tendrán que ir.
Todo se remonta al año pasado. Mediante la resolución 654 del 13 de agosto, el Servicio Nacional de Rehabilitación, organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación, dispuso la baja del Hogar Septiembre del Registro Nacional de Prestadores por algunas requisitorias, sobre todo de corte edilicio, como la instalación de un ascensor y la ampliación de una escalera, que la empresa a cargo, Gesvice SRL, de Edgardo Vicente y Leandro Espósito, no llevó a cabo. En septiembre de 2014, dicha resolución fue ratificada, por lo que el fin se anunciaba ya con más fuerza: en febrero, según los familiares, comenzaron a llegar las intimaciones, vía carta documento, comunicando que en el plazo de un mes el hogar cerraría sus puertas.
Pasaron los días, el desalojo anunciado no se concretaba. Hasta que a comienzos de mes, la decisión se consumó. De los ocho pacientes que seguían subsistiendo en el lugar, quedaron dos que finalmente serán reubicados, de forma inminente, a domicilios particulares ya que, según comentan los familiares, desde el PAMI refirieron no poder responsabilizarse por la cobertura necesaria para el traslado a otra institución (la mayoría de las personas que habitaron el hogar, cuentan, justamente, con dicha obra social). Para las familias de los pacientes, la nula atención no es razón suficiente para el desenlace: el desmembramiento de una comunidad de décadas de historia trae aparejado un impacto emocional inconmensurable. Para los socios gerentes de Gesvice, con quienes Noticias Urbanas se comunicó, no existe abandono y, paralelamente, los números no cierran por ningún lado. Y allí fue, entonces, en el cruce de intereses, cuando se intensificó la lucha de los familiares.
Por caso, Cynthia Eisenberg tenía en la entidad a su prima Gaby desde hacía 15 años. “El edificio está ubicado en un barrio cool de Buenos Aires, donde los metros cuadrados cotizan y el desfile de discapacitados no es un buen espectáculo. Acá hubo desidia del Estado, denuncias por coimas, por malversación de fondos, muchas formas de violencia, como el abandono de las obras sociales a sus afiliados”, relataba a NU, antes del fin.
Silvia Castillo, por su parte, tenía allí a su sobrina desde hacía 14 años. Contó por todos los medios el abanico de alternativas para impedir la clausura del proyecto: reuniones en el Congreso, a través de la Comisión de Discapacidad, manifestaciones en las puertas del hogar, para llamar la atención de los vecinos, medios, autoridades, políticos y pedir voluntarios y alimentos no perecederos, ya que en los últimos días la escasez de recursos se hacía notar en la falta de comida, en la provisión de servicios como luz y gas y en la insuficiente labor de dos personas a cargo de los pacientes, que aplican a distintos tipos de discapacidades, bajo la mecánica de una por turno.
“Pami nos propuso el traslado a la Clínica Privada Uno, de Lomas de Zamora, que rechazamos porque eso representa más de dos horas de viaje desde nuestras casas, con un horario de visita muy restringido: viernes, sábados y domingos, de 16 a 18. Ellos, nuestros familiares, son ciudadanos de Buenos Aires. Y son personas. Ellos saben el nombre y apellido de sus compañeros, se quieren, se extrañan. Mi sobrina me dijo hace poco: ‘Qué días terribles estamos viviendo’. Se dan cuenta de las cosas”, expresó Silvia. “Pasa que el hogar está frente a El Tinglado y El Camarín de las Musas. Da para pensar. Hay mucho turista”, deslizó.
Dado que la institución operaba bajo la categoría de hogar-escuela, los familiares de los pacientes se reunieron, a comienzos de mes, con Diego Marías, director general de Coordinación Legal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por intermedio suyo y de otros funcionarios de la cartera que dirige Esteban Bullrich, este lunes se presentó una medida de no innovar en el Juzgado 14, Secretaría 27, del Poder Judicial de la Ciudad, buscando la suspensión del cierre del hogar, y la orden a la firma Gesvice SRL de mantener la atención básica y las actividades de la vida diaria, recreativas y sociales por un plazo de 30 días. Es que, en definitiva, lo que siempre pidieron los familiares fue tiempo. Tiempo para una mudanza razonable y, sobre todo, integral, lejos de la fragmentación que se dio por estas horas. Eso siguen pidiendo, incluso, desde la página www.change.org.
“Exigimos que la obra social Pami, a cargo de Luciano Césare, se comprometa a mantener las prestaciones de sus afiliados, velando por su alimentación, aseo y atención, y que frene el grave daño que se está ocasionando a estas personas con discapacidades severas y profundas”, dicen los familiares, casi a coro.
Por su parte, la titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad porteño, María José Lubertino, destacó que “esta situación es el resultado del sistema privatista que nos dejó el menemato en la Ciudad de Buenos Aires”. Además, refirió la exlegisladora, quien aseguró que impulsará el tratamiento de un proyecto para expropiar el inmueble en la Legislatura porteña: “Los porteños no tienen hogares públicos ni privados. Estas personas que vivieron juntas hace más de una década, algunas desde 1994, no deberían ser separadas porque fracasó el negocio de Gesvice SRL”. También consideró: “Es probable que la empresa que estuvo a cargo del hogar haya quebrado y no esté en condiciones de seguir con el negocio. Lo que no puede hacer es olvidar que estamos hablando de personas que tienen derechos, más allá de que su negocio haya fracasado”.
En tanto, en el ámbito del Congreso, el diputado Alberto Asseff (Frente Renovador de la Esperanza) presentó un proyecto de resolución para que el Instituto Nacional de Rehabilitación suspenda sine die los efectos de la resolución que dispuso la baja del Registro Nacional de Prestadores al hogar de la calle Mario Bravo 945. Y la diputada Mirta Tundis (Frente Renovador), su par Gabriela Troiano (Partido Socialista), la senadora Norma Morandini (Frente Amplio Progresista) y la diputada nacional por la CABA Carla Carrizo (SUMA + en ECO) mostraron, a través de diversos encuentros, plena disposición para apoyar la iniciativa de los familiares del Hogar Septiembre, en contra del desalojo.
A su vez, volviendo a Perú 130, legisladores de distintos bloques se han reunido con los familiares en las últimas semanas para motorizar la presentación de un proyecto de ley que inste a la ocupación transitoria del inmueble por un lapso máximo de dos años, con opción a adquisición o expropiación ulterior, con el propósito de continuar el funcionamiento del hogar en los términos del artículo 30 de la Ley 238, de expropiaciones, el cual estipula: “Cuando por razones de utilidad pública es necesario el uso transitorio de un bien puede recurrirse a la ocupación temporaria del mismo”.
Tal como están las cosas, con el hogar cerrado y los residentes mudados y separados, existe una fundación interesada en la continuación de la propuesta. Se trata de Tempo de Integrarse, fundada en 2007, cuya misión, de acuerdo a lo que indican sus referentes, es promover “la salud física, mental y social, el bienestar y la calidad de vida de los individuos de nuestra comunidad, mediante la atención integral con equidad, calidad y calidez, la docencia e investigación, desarrollando al máximo las potencialidades individuales y comunitarias de cada uno de sus miembros en todas las esferas de sus vidas”. Habrá que ver cómo se define la situación, fundamentalmente en el plano judicial. En un mes, por lo pronto, se sabrá.
“La situación está politizada y yo no soy un ser politizado, soy un psicomotricista al que le da mucha tristeza el cierre del hogar”, señala a NU Edgardo Vicente, socio gerente de Gesvice SRL. “Nosotros llevamos adelante todos los recursos administrativos necesarios luego de recibir la notificación de la resolución del Servicio Nacional de Rehabilitación y el Ministerio de Salud de la Nación. Pero la verdad, por otro lado, no estamos en condiciones de asumir los costos altísimos de las inversiones que se requieren para llevar adelante las modificaciones solicitadas. Además, las refacciones no hubieran sido aceptadas por el Gobierno de la Ciudad”, agrega.
También, indica que los familiares de los pacientes del Hogar Septiembre “estuvieron notificados de la situación desde el primer momento, todo el tiempo. A todo esto hay que sumarle que Pami y el Ministerio de Salud pagan tarde y mal por las prestaciones, por lo que no estamos en condiciones de seguir”. En cuanto a los dos pacientes que quedan en la institución, confirma que serán trasladados en breve: Gabriela Clementi a la Asociación Juvenil Araucaria (AJA) y Sara Enser a la Clínica Privada Uno, de Lomas de Zamora, por intermedio del Pami.
“Ahora están recibiendo la atención básica, que es la misma que podrían tener en sus casas. Soy yo el que está en condiciones de denunciar a los familiares por abandono de persona. Y, también, por la campaña mediática de desprestigio de mi buen nombre y honor”, sostiene.
