Organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que conduce Alejandro Amor, integrantes del Tribunal Superior de Salta -donde la boleta electrónica ya se viene aplicando- intercambiaron experiencias entre este lunes y martes con sus pares del tribunal porteño y los funcionarios del gobierno de la Ciudad, encargados de la aplicación de la BUE a través de un contrato con la empresa MSA.
En tanto, este viernes se realizará una audiencia clave en el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), que convocó a los apoderados de los partidos políticos para observar las pantallas de las máquinas electrónicas y puedan plantear sus objeciones y dudas sobre el proceso.
Quien viene expresando más reparos al nuevo sistema es el candidato a jefe de Gobierno de ECO, Martín Lousteau, quien presentó en los últimos días ante la justicia porteña un pedido para que se garantice la transparencia de los comicios, se otorgue a los partidos políticos el derecho de fiscalizar las elecciones y se le pida a la empresa que entregue el “código fuente” del sistema.
Lousteau le solicitó también al TSJ que le ordene al gobierno porteño de Mauricio Macri intensificar la capacitación de los electores para que puedan verificar la boleta electrónica antes de emitir el voto, el día de los comicios.
Desde la Defensoría, en tanto, pedirán a la justicia porteña dos medidas concretas: que la totalidad del escrutinio definitivo de las elecciones se haga en forma manual -tal como ocurrió en Salta- y no con el 5 por ciento de las mesas elegidas por sorteo como prevé la ley; y -al igual que hizo Lousteau- exigirle a la empresa que informe el “código fuente” del sistema.
Otra preocupación que surgió desde el TSJ -y fue tratado en las reuniones de este lunes y martes- es la capacitación de las autoridades de mesa, ya que en las primarias del pasado 26 de abril se registró un alto nivel de ausentismo entre los ciudadanos convocados y advirtió que, de repetirse esta situación, se producirían “graves inconvenientes” en la constitución de las mesas electorales.
Si esa situación se repitiera el 5 de julio, las autoridades de mesa no podrían ser reemplazadas ‘in situ’ por otros ciudadanos, ya que la nueva modalidad requiere la “indispensable capacitación previa”, pues tanto la emisión del voto, como el escrutinio y la transmisión de los resultados electorales se realizará con nuevas tecnologías, según afirmaron en una acordada.
Para enfrentar esta situación, el tribunal de justicia solicitó al juzgado nacional con competencia electoral que encabeza María Servini de Cubría que se convoque a los ciudadanos que integran el registro público de postulantes para asegurar la voluntad y compromiso en la capacitación previa y la concurrencia el día de la elección.
También se espera para esta semana los resultados de la auditoría que se encargó a la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires sobre la totalidad de las máquinas que se utilizarán el día de la elección.
Por su parte, el gobierno porteño prometió -a través del director general de Reforma Política de la ciudad, Marcelo Bermolen- intensificar desde esta semana un plan integral de capacitación electoral, que incluye la instalación de unos 120 centros de consulta en todos los barrios, en lugares de mucha concentración de gente como como shoppings, hospitales, hipermercados y grandes eventos.
Desde la semana próxima -cuando falte menos de un mes para la votación-, el plan de capacitación incluirá también una campaña masiva de comunicación -a través de los medios gráficos, radiales y televisivos-, que encabezara el propio Mauricio Macri, invitando a los porteños a conocer la nueva modalidad de sufragio.
