Ciertos problemas se repiten con tanta asiduidad que el impacto que producen en las personas va perdiendo fuerza. Si una mala noticia es común y constante ya no produce en quien la escucha el mismo efecto que la primera vez. El acostumbramiento reduce la gravedad de lo sucedido. Y eso es muy grave: la noticia no conmueve como antes.
En el tema de la inseguridad en los estadios de fútbol de la Ciudad la situación es exactamente esa. Los reiterados problemas de seguridad y funcionamiento deficiente en todo lo relacionado a las normas de habilitación (no solo cuando hay partidos de fútbol, sino también en los recitales) son antiquísimos pero, a pesar de eso, no se solucionan. Y lo peor del caso es que el Estado porteño hace poco para que eso se solucione.
Noticias Urbanas accedió a un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad en donde se afirma que los estadios porteños no tienen autorización para funcionar.
El tema adquiere mayor gravedad cuando se toma en cuenta a las instituciones mencionadas en el informe. Los estadios de Boca, River y San Lorenzo son algunos de los mencionados en el estudio realizado por el Observatorio.
Vecinos enojados
Las denuncias efectuadas por los vecinos del barrio de Núñez crecieron notablemente desde el año 2000 en adelante. Concretamente, el informe dice que se “profundizaron las denuncias sobre los impactos negativos de la utilización del estadio del Club River Plate como asiento de eventos musicales locales e internacionales”.
Lo peor del caso es que, al crecer el barrio, los conflictos aumentaron. “Actualmente, Núñez es un barrio de residencias, y en las cercanías del estadio se encuentran instalaciones universitarias. La modificación en los usos del estadio y las radicales transformaciones urbanas de sus alrededores están dando lugar a conflictos permanentes aún no resueltos”, señala el informe dado a conocer el 29 de mayo.
El caso de San Lorenzo de Almagro tiene una particularidad. Pese al logro de los hinchas de alcanzar una resolución para construir un nuevo estadio en Boedo, la alegría de unos provocó el enojo de otros. En este caso, de los vecinos del predio donde se levantara la cancha.
“Por otra parte, el reclamo de los hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para que el estadio retorne al barrio de Boedo, que fue escuchado por la Legislatura porteña, ha generado resistencia de los vecinos de los alrededores del inmueble ubicado en la avenida La Plata 1624, entre Las Casas e Inclán. A través de la Ley Nº 4.384 se ordenó la expropiación de este predio, cuyo titular es Carrefour y en el que se encuentra construido un hipermercado. Se creó el Fideicomiso Club Atlético San Lorenzo de Almagro encargado de pagar la indemnización por la expropiación con los aportes del club y de sus socios. El inmueble quedará bajo el dominio de esta institución, que tiene decidido construir un nuevo estadio allí. La instalación de un estadio en plena área residencial hace insoslayable que exista una evaluación de sus impactos y plena participación de los futuros afectados”, sostiene el informe del Observatorio a la Ciudad.
Los problemas también llegan a otros clubes. “El Club Atlético Boca Juniors ha impulsado proyectos de ley en la Legislatura porteña para construir un nuevo estadio en los terrenos conocidos como Casa Amarilla; el Club Atlanta está finalizando la construcción de un microestadio, y se ha anunciado la construcción de un microestadio en la manzana N° 66 (manzana entre las arterias de Jujuy, Belgrano, Catamarca y Moreno)”, dice el informe técnico.
El problema es que en ninguno de estos casos se realizó el informe de impacto ambiental que tendrán estas construcciones sobre los vecinos del barrio. Y es acá donde la obligación del Estado de hacerlo desaparece.
La responsabilidad estatal
“Acá hay que entender una cosa: el problema no es solo la vista gorda del gobierno de Mauricio Macri. También tienen una gran responsabilidad los directivos de los clubes, que saben que deben invertir mucho dinero para adecuarse a lo que exige la ley y eso reduce sus ganancias. La cuestión que hace que el gobierno termine haciendo la vista gorda sobre el tema realmente no la conozco. Pero creo que para un buen entendedor sobran las palabras”, le dijo en tono irónico un inspector porteño del área de Habilitaciones a Noticias Urbanas.
Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el problema requiere una solución determinada y muy específica. “Las actividades de los estadios producen un incremento notable del tráfico de autos, traslado y concentración de una cantidad ingente de personas en un plazo temporal reducido, incremento de las intensidades de los ruidos y vibraciones, en definitiva, situaciones que exigen una logística especial, adecuación de los servicios y preparación de las áreas urbanas afectadas por estas afluencias”, se afirma en el texto.
Pero los estadios no solamente deben obtener el certificado del impacto ambiental sino también el de seguridad e higiene. En definitiva, se encuentran en una situación muy delicada y que no parece tener una solución a la vista.
“Según información del Gobierno de la Ciudad, los estadios de fútbol ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, salvo el Club Atlético Vélez Sarsfield, no cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental vigente, lo que implica que no han cumplimentado cada una de las etapas de la Evaluación de Impacto Ambiental.”
El informe técnico explica, además, que “los estadios deben obtener el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Agencia de Protección Ambiental (Apra) como condición previa para el desarrollo de actividades y, en consecuencia, para alcanzar la habilitación definitiva. Esta autorización resulta imprescindible para que los estadios de fútbol, como cualquier otra actividad considerada de impacto ambiental con Relevante Efecto, puedan funcionar sin violar las normas ambientales de la Ciudad”.
Todas estas irregularidades no hicieron más que aumentar el conflicto en los barrios afectados y provocar el enojo de los vecinos.
Pero hay otro dato de importancia: los vecinos tienen derecho a conocer en qué situación se encuentran los estadios.
“Estas actuales situaciones tienen varias instancias institucionales para ser discutidas y evaluadas por la sociedad porteña. Una de las principales instancias es el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el cual se examinan los impactos ambientales y sociales de una actividad o emprendimiento, se buscan formas de atenuación de estos o se decide la imposibilidad de otorgar su autorización. Este proceso, de acuerdo a la Ley Nº 123, debe permitir la participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde las voces, denuncias y propuestas de los futuros afectados deben ser escuchadas y obligatoriamente analizadas.”
El final no anuncia nada bueno
Por último, los autores del informe se replantean el papel del gobierno porteño en este problema.
“Esto nos lleva a indagar si el GCBA está impulsando este proceso institucional-técnico de Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo adecuado para afrontar y resolver estos conflictos urbanos originados por la construcción y funcionamiento de estadios”, se lee en el estudio.
Consultados por NU, los funcionarios porteños patearon la pelota afuera y les tiraron la responsabilidad a los dirigentes de los clubes. Lo mismo hacen los dirigentes de los clubes cuando deben opinar sobre el tema. En definitiva, nadie se hace cargo de nada. Y a los reclamos de los vecinos se los lleva el viento.
“Ni el gobierno ni los clubes se pueden hacer los distraídos. Pero, obviamente, la responsabilidad mayor le corresponde a la administración macrista”, le dijo a Noticias Urbanas un político opositor.
En el juego del gran bonete nadie se hace cargo de nada. Ni de la violencia en los estadios, ni de lo que ocurre afuera y, mucho menos, del impacto ambiental que producen en los barrios.
Actitudes que no se condicen con la llamada “nueva política”.
